by paulina@baraibar.com.mx | Oct 22, 2026 | Derecho Corporativo, Derecho Mercantil
Las providencias precautorias en juicio oral mercantil ya tienen una regla clara sobre cómo se impugnan. En marzo de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió la Contradicción de Criterios 272/2025. Su conclusión es directa: contra la decisión que concede o niega una de estas medidas no procede la apelación. Por lo tanto, quien litiga en la vía oral puede acudir al amparo indirecto sin agotar antes otro recurso. Este artículo explica qué cambia y cómo ajustar la estrategia.
¿Qué resolvió la SCJN sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil?
El conflicto entre dos criterios
La Contradicción de Criterios 272/2025 nació de una discrepancia real entre dos órganos judiciales. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito sostuvo que estas resoluciones no admiten recurso alguno. Por su parte, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur defendió la postura contraria. Según ese pleno regional, la apelación sí procedía.
Esa diferencia sobre las providencias precautorias en juicio oral mercantil no era un detalle técnico. En la práctica, cada postura obligaba a los litigantes a elegir un camino distinto, con riesgos de desechamiento si se equivocaban. Además, la incertidumbre afectaba a empresas que necesitan asegurar bienes o evitar que se los embarguen de forma rápida. Por esa razón, la Corte decidió fijar un solo criterio.
La respuesta del Pleno
El Pleno determinó que las determinaciones sobre providencias precautorias dictadas en un juicio oral mercantil no admiten recurso ordinario. En consecuencia, no existe apelación que deba agotarse antes de promover el amparo indirecto. La tesis se titula, en esencia, que contra las determinaciones que concedan o nieguen estas medidas no procede la apelación.
Cabe destacar que la Corte ordenó publicar el criterio como jurisprudencia. Una vez publicado, obligará a jueces y tribunales mercantiles. Mientras tanto, conviene revisar el registro en el Semanario Judicial de la Federación antes de citarlo en un escrito.
¿Qué no resolvió la Corte?
La decisión no analiza si una providencia concreta fue bien o mal otorgada. Tampoco sustituye los requisitos que exige el Código de Comercio para decretarla. Se limita a definir el medio de defensa disponible, es decir, la vía procesal correcta. Por ello, el fondo de cada medida sigue dependiendo de las pruebas, de la urgencia y de la garantía que se ofrezca.
¿Quiénes se benefician del criterio?
Acreedores, deudores, directores jurídicos y despachos que litigan en la vía oral se benefician de una regla uniforme. Los acreedores saben que la negativa de una medida se combate por amparo. Para los deudores, el mensaje es que no deben esperar una apelación que nunca llegará. Los equipos jurídicos pueden estandarizar sus formatos y calendarios internos. Esa uniformidad ahorra costos y reduce los incidentes sobre la vía correcta, que suelen consumir meses.
Los jueces de primera instancia también ganan certeza, pues ya conocen el control que seguirán sus resoluciones. La revisión por amparo exige que fundamenten con más cuidado el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Una resolución bien motivada resiste mejor el escrutinio del tribunal federal.
¿Qué son las providencias precautorias y para qué sirven?
Concepto y finalidad
En términos simples, una providencia precautoria es una medida que busca asegurar un derecho mientras se resuelve el litigio. El Código de Comercio las regula a partir del artículo 1168, con figuras como el arraigo de la persona y el aseguramiento de bienes. Su objetivo es evitar que el deudor oculte patrimonio o abandone el lugar del juicio. De igual manera, protegen al acreedor frente a un posible cambio de circunstancias.
Las providencias precautorias en juicio oral mercantil se piden antes de iniciar la demanda o durante el procedimiento. Quien las solicita debe acreditar, con pruebas suficientes, que existe un riesgo real. Asimismo, el juez puede exigir una garantía para responder por los daños que la medida cause si luego se revoca. En otras palabras, el sistema busca equilibrio entre rapidez y protección del demandado.
¿Por qué importan en la vía oral?
El juicio oral mercantil se diseñó para resolver conflictos de manera ágil, y las providencias precautorias en juicio oral mercantil son una de sus piezas más delicadas. Las audiencias concentran el debate y la prueba. Sin embargo, la rapidez tiene un costo: el margen para corregir errores es menor. Por lo tanto, una providencia precautoria mal decretada puede paralizar cuentas bancarias, inventarios o inmuebles durante meses.
Para una empresa, ese efecto es inmediato. Un aseguramiento de bienes puede detener pagos a proveedores, nómina o créditos vigentes. En cambio, para el acreedor, una negativa mal fundada puede dejar sin protección su cobro. Cabe destacar, entonces, que la forma de impugnar importa tanto como el fondo.
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El dilema procesal: ¿apelación o amparo?
La regla general del juicio oral
El artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno. Esa regla busca evitar dilaciones. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones del juez solo se revisan al final, junto con la sentencia.
El problema surgía con las providencias precautorias en juicio oral mercantil. Otras disposiciones del Código de Comercio permitían apelar ciertas resoluciones con tramitación inmediata. Por otro lado, la regla general del juicio oral cerraba esa puerta. En consecuencia, algunos tribunales aplicaban la apelación y otros no.
¿Por qué el error cuesta caro?
Elegir mal el recurso podía provocar consecuencias graves. Si el litigante apelaba y la vía no procedía, perdía tiempo valioso. Y si acudía al amparo sin agotar una apelación que sí existía, el juez lo desechaba por improcedente. Además, los plazos para promover amparo son breves.
La Ley de Amparo, en su artículo 17, fija quince días como regla general para presentar la demanda contra actos de autoridad. Por esa razón, cada día perdido en un recurso inútil reducía las opciones del afectado. Finalmente, la contradicción de criterios pone fin a esa incertidumbre.
¿Por qué el Pleno descartó la apelación?
Rapidez, oralidad y economía procesal
El razonamiento de la Corte sobre las providencias precautorias en juicio oral mercantil parte de la naturaleza del juicio oral. Este procedimiento se construyó sobre la rapidez, la oralidad y la economía procesal. Permitir apelaciones intermedias lo haría más lento y más complejo. Es decir, se desvirtuaría el propósito con el que el legislador creó esta vía.
Además, la Corte hizo una lectura sistemática del Código de Comercio. Analizó las reglas sobre recursos y las que regulan las medidas cautelares. Al final, concluyó que la prohibición del artículo 1390 Bis prevalece también para estas determinaciones. No obstante, esa conclusión no deja al afectado sin defensa.
El camino que sí queda abierto
Al no existir recurso ordinario, el afectado puede promover amparo indirecto sin agotar antes otro medio. La Ley de Amparo permite combatir actos dentro de juicio cuando sus efectos son de imposible reparación. Una providencia que afecta bienes o libertad de tránsito se acerca a ese supuesto. Por ello, el amparo se convierte en la herramienta natural.
Ahora bien, esto no significa que todo se resuelva con amparo. Cada caso exige acreditar la afectación concreta y presentar la demanda a tiempo. En primer lugar, hay que identificar el acto reclamado con precisión. Después, conviene ofrecer pruebas que muestren el daño actual.
¿Cómo cambia la estrategia procesal en el juicio oral mercantil?
¿Para quien pide la medida?
El acreedor que solicita providencias precautorias en juicio oral mercantil debe preparar el expediente desde el primer escrito. La solicitud necesita datos, documentos y una explicación clara del riesgo. De lo contrario, una negativa podrá combatirse solo mediante amparo, y ese camino es más técnico. Por lo tanto, conviene invertir en una solicitud sólida desde el principio.
Pruebas que conviene reunir
Quien pide la medida reúne contratos, facturas, correos de cobranza y estados de cuenta que demuestren la deuda. En cambio, quien la resiste reúne documentos que muestren el funcionamiento ordinario de su negocio y el daño que provoca el aseguramiento. Ambos deben ordenar la evidencia por fecha y por relevancia, porque el amparo se resuelve sobre lo que consta en el expediente. Un expediente desordenado debilita incluso al mejor argumento.
La garantía como pieza clave
También es recomendable anticipar la garantía. Un monto razonable, respaldado con una póliza o un depósito, aumenta la probabilidad de obtener la medida. Asimismo, ayuda a mostrar que el solicitante asume responsabilidad por los efectos de lo que pide. En cambio, una solicitud sin garantía suele enfrentar más resistencia.
¿Para quien resiste la medida?
El demandado afectado por providencias precautorias en juicio oral mercantil debe actuar con rapidez. Primero, revisa si la resolución está fundada y motivada. Después, evalúa si existe un daño de imposible reparación. Finalmente, decide si presentará amparo o si bastará solicitar al juez que levante la medida con una contragarantía.
Un error frecuente consiste en esperar a la sentencia. Mientras tanto, la medida sigue produciendo efectos. Por esa razón, el análisis debe empezar el mismo día de la notificación. De igual manera, conviene reunir estados de cuenta, contratos y nómina que demuestren el impacto.
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Un caso tipo: del aseguramiento al amparo
El escenario
Imagina una distribuidora que demanda en la vía oral a un cliente que dejó de pagar facturas por varios millones de pesos. Antes de la audiencia, la distribuidora solicita el aseguramiento de las cuentas bancarias del cliente. El juez concede la medida con una resolución breve que casi no explica el riesgo alegado. Al día siguiente, el cliente descubre que no puede pagar su nómina ni cubrir a sus proveedores principales. Se trata de un ejemplo hipotético, pero refleja lo que viven muchas empresas cuando se decreta una de estas medidas sin previo aviso.
El abogado del cliente revisa el expediente y detecta tres problemas. La resolución no explica por qué existe peligro de que el patrimonio desaparezca. El monto de la garantía resulta muy inferior al daño posible. Y el monto asegurado supera con claridad lo reclamado en la demanda. Con el criterio de la Corte, el abogado ya no pierde tiempo en una apelación que no existe y prepara de inmediato la demanda de amparo indirecto.
La ruta de defensa
La demanda de amparo debe señalar con precisión el acto reclamado, que es la resolución que concedió el aseguramiento. También tiene que describir los daños concretos con documentos: estados de cuenta, contratos con proveedores y recibos de nómina. Mientras se tramita, el cliente puede solicitar la suspensión del acto para aliviar el efecto inmediato de la medida. En paralelo, su abogado propone al juez natural una garantía alterna que permita liberar parte de los fondos.
La distribuidora, por su lado, defiende la medida con las pruebas que acreditan la deuda y el riesgo de insolvencia. Ambas partes litigan entonces en dos frentes: el amparo y el juicio mercantil. Quien llegue mejor preparado a cada frente tendrá ventaja. El caso muestra por qué las providencias precautorias en juicio oral mercantil exigen decisiones rápidas, pruebas ordenadas y coordinación entre los equipos jurídico y financiero.
¿Qué deben hacer empresas, acreedores y deudores?
Lista práctica para el área jurídica
Las áreas jurídicas pueden convertir este criterio en un protocolo interno. Primero, registren la fecha de notificación de cualquier providencia y calculen el plazo de quince días. Segundo, preparen un expediente de impacto con cifras reales. Tercero, definan quién autoriza la vía de amparo y con qué presupuesto.
Además, revisen los contratos con cláusulas de garantía. Algunas obligan a notificar a socios o financiadores cuando se traba una medida. Por ejemplo, un crédito bancario puede declararse vencido si se asegura un bien relevante. En consecuencia, la reacción debe coordinarse con tesorería y con finanzas.
¿Cuándo conviene negociar?
No todo conflicto exige litigar hasta el final. A veces, ofrecer una garantía alterna resuelve el asunto en pocos días. De igual manera, un convenio con calendario de pagos puede dejar sin materia la medida. Por su parte, el acreedor también gana al obtener certeza sobre su cobro.
Cabe destacar que la negociación no sustituye la defensa formal. Conviene presentar el amparo en tiempo mientras se conversa. Así, la empresa conserva su derecho y mantiene presión legítima. No obstante, cada decisión debe documentarse por escrito.
Errores frecuentes con las providencias precautorias en juicio oral mercantil
Cuatro tropiezos que se repiten
El primer error es confundir la regla general con la excepción. Algunos abogados siguen presentando apelación por costumbre, aunque la Corte ya cerró esa vía. El segundo error es ignorar los plazos del amparo. Un tercer problema aparece cuando se reclama una medida sin probar el daño real. Finalmente, muchos olvidan que la garantía puede cambiar el rumbo del caso.
Otro tropiezo común es mezclar la vía oral con el juicio ordinario. Aunque ambos son mercantiles, siguen reglas distintas. Por eso, antes de actuar, hay que confirmar la vía del juicio principal. Si el procedimiento es ordinario, el análisis puede cambiar.
¿Cómo evitar el desechamiento?
La mejor prevención es revisar el criterio vigente sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil cada vez que se prepara un recurso. Los tribunales actualizan sus tesis y publican nuevos precedentes con frecuencia. Por lo tanto, una consulta rápida en el Semanario Judicial evita sorpresas. Además, un abogado especializado puede identificar matices que un resumen no muestra.
También ayuda mantener un archivo con modelos de escritos para cada escenario. Con él, el equipo reacciona en horas, no en días. En cambio, improvisar bajo presión aumenta los errores. Por ello, la preparación previa es una ventaja competitiva.
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Conclusión: una vía más clara para litigar con rapidez
La Contradicción de Criterios 272/2025 deja un mensaje práctico para el litigio mercantil. Contra las providencias precautorias en juicio oral mercantil no procede la apelación, y el amparo indirecto queda disponible sin agotar otro recurso. Esta claridad reduce el riesgo de desechamientos y acelera la defensa.
Un último consejo para áreas jurídicas y despachos: documenten cada decisión sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil con fechas, responsables y razones. Ese registro ayuda a explicar ante la dirección general por qué se eligió el amparo, la negociación o la contragarantía. También facilita la defensa si el asunto llega a revisión ante un tribunal colegiado, donde la claridad del expediente pesa mucho.
Sin embargo, la regla no elimina la necesidad de una estrategia cuidadosa. Los plazos siguen siendo cortos y la prueba del daño sigue siendo indispensable. En consecuencia, empresas y acreedores harán bien en revisar sus protocolos y en consultar a especialistas ante cualquier medida. La preparación temprana marca la diferencia entre proteger un patrimonio y perderlo.
Enlaces del artículo
ENLACE EXTERNO: Código de Comercio vigente (Cámara de Diputados) → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf
ENLACE EXTERNO: Proyecto de la Contradicción de Criterios 272/2025 (SCJN) → https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Engroses/Cerrados/Publico/Proyecto/2026/02/CT272_2025.pdf
ENLACE INTERNO: concurso mercantil: guía para acreedores y proveedores → https://baraibar.com.mx/blog/concurso-mercantil-acreedores-proveedores-2026/
ENLACE INTERNO: contrato mercantil o civil: criterio de la SCJN → https://baraibar.com.mx/blog/contrato-mercantil-o-civil-scjn-2026/
Preguntas frecuentes
¿Se puede apelar una providencia precautoria en un juicio oral mercantil?
No. Según la Contradicción de Criterios 272/2025, resuelta por el Pleno de la SCJN en marzo de 2026, contra las determinaciones que concedan o nieguen estas medidas no procede la apelación, en armonía con el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, que prohíbe recursos ordinarios en la vía oral.
¿Puedo promover amparo indirecto sin agotar otro recurso?
Sí. Al no existir recurso ordinario, el afectado puede acudir directamente al amparo indirecto. La Ley de Amparo permite impugnar actos dentro de juicio de imposible reparación, y su artículo 17 fija como regla general un plazo de quince días para presentar la demanda.
¿Qué son las providencias precautorias?
Son medidas que aseguran un derecho mientras se resuelve el juicio, como el arraigo de la persona o el aseguramiento de bienes. El Código de Comercio las regula a partir del artículo 1168. Se solicitan antes o durante el procedimiento y exigen acreditar un riesgo y, normalmente, otorgar garantía.
¿Qué debo hacer si me notifican un aseguramiento de bienes?
Revisa de inmediato la resolución, reúne pruebas del daño y calcula el plazo de quince días del artículo 17 de la Ley de Amparo. Evalúa también ofrecer una contragarantía al juez. Un abogado especializado puede decidir si conviene amparo, negociación o ambas rutas al mismo tiempo.
¿La decisión de la Corte ya es jurisprudencia obligatoria?
La Corte ordenó publicar el criterio como jurisprudencia conforme a los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Una vez publicada en el Semanario Judicial de la Federación, obliga a los órganos jurisdiccionales. Antes de citarla en un escrito, verifica su registro y su fecha de publicación.
¿Aplica este criterio a los juicios ordinarios mercantiles?
No necesariamente. El criterio se refiere a las providencias precautorias dictadas en un juicio oral mercantil, regulado a partir del artículo 1390 Bis del Código de Comercio. En el juicio ordinario rigen reglas distintas sobre recursos, por lo que conviene analizar la vía procesal concreta antes de elegir el medio de defensa.
Referencias jurídicas
Código de Comercio, artículos 1168 y siguientes, 1183 y 1390 Bis (Cámara de Diputados).
Ley de Amparo, artículos 17, 107, 219 y 220 (Cámara de Diputados).
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Contradicción de Criterios 272/2025, sesión de marzo de 2026.
Semanario Judicial de la Federación (consulta del registro de la jurisprudencia derivada).
Este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría legal formal ni establece relación abogado-cliente.
by paulina@baraibar.com.mx | Oct 19, 2026 | Derecho Corporativo, Derecho Mercantil
El concurso mercantil dejó de ser un tema exclusivo de especialistas. En 2026, uno de los grupos de medios más conocidos del país, TV Azteca, enfrenta este procedimiento, y el 18 de septiembre cinco de sus filiales también solicitaron entrar en él. Ese mismo día, el conciliador presentó la lista provisional de créditos de la televisora. Para miles de proveedores, prestadores de servicios y acreedores, la pregunta es inmediata: ¿qué debo hacer para cobrar?
En esta guía explicamos qué es el procedimiento, cómo avanza el caso y qué pasos conviene dar si tu empresa es acreedora de una compañía en concurso, con base en la Ley de Concursos Mercantiles.
¿Qué está pasando con TV Azteca y sus filiales?
De acuerdo con información pública, TV Azteca solicitó de manera voluntaria su concurso mercantil en marzo de 2026. A principios de julio, la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres, del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, lo declaró procedente. Posteriormente, el 10 de agosto se publicó la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, con lo que inició la etapa de conciliación.
La lista provisional de créditos
El 18 de septiembre, el conciliador presentó ante el juzgado la lista provisional de créditos. Con ella, la empresa y sus acreedores pueden formular observaciones antes de que se elabore la lista definitiva. Según lo reportado, entre los acreedores que acudieron al procedimiento se encuentran el Infonavit, el SAT y el IMSS.
Las cinco filiales que pidieron entrar al concurso
Ese mismo 18 de septiembre, cinco filiales del grupo presentaron solicitudes voluntarias de concurso mercantil: Ganador Azteca, Operadora Ganador TV Azteca, Servicios Mantenimiento del Futuro en Televisión, Lasimex e Inmobiliaria Roca del Pedregal. Según la nota de El Imparcial, la jueza que las recibió se declaró incompetente y las remitió a la jueza que conoce el asunto principal.
¿Por qué importa a otras empresas?
Más allá del caso concreto, sin embargo, este procedimiento muestra cómo funciona en la práctica la Ley de Concursos Mercantiles. Cualquier proveedor puede encontrarse, de un día para otro, frente a un cliente que deja de pagar y pide protección judicial. Por eso conviene conocer las reglas antes de que suceda. Además, el caso servirá como referencia para medir cómo aplican los juzgados especializados los plazos de conciliación en procedimientos de gran tamaño, con cientos de acreedores y créditos de naturaleza muy distinta.
¿Qué es el concurso mercantil y cuándo procede?
El concurso mercantil es un procedimiento judicial para comerciantes que incumplen de forma generalizada con sus obligaciones de pago. Su finalidad, según el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento ponga en riesgo su viabilidad y la de otras empresas con las que mantienen relaciones de negocios.
ENLACE EXTERNO: Ley de Concursos Mercantiles → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCM.pdf
El incumplimiento generalizado
De acuerdo con el artículo 9 de la ley, un comerciante incumple de forma generalizada cuando deja de pagar a dos o más acreedores distintos y se presenta alguna de estas situaciones:
- Por un lado, que al menos 35% de sus obligaciones lleven vencidas treinta días o más.
- O bien, que no tenga activos suficientes para pagar, por lo menos, 80% de sus obligaciones vencidas.
¿Quién puede solicitarlo?
El propio comerciante puede pedir su concurso, como ocurrió con TV Azteca y sus filiales. Asimismo, cualquier acreedor o el Ministerio Público pueden demandarlo. En todos los casos, un juez federal especializado verifica si se cumplen los supuestos legales antes de declararlo.
Concurso mercantil no es lo mismo que quiebra
Es común pensar que una empresa en concurso ya quebró. Sin embargo, el procedimiento está diseñado precisamente para evitarlo, ya que la quiebra es solo una de sus posibles salidas. De hecho, el objetivo prioritario de la ley es conservar la empresa mediante un convenio con sus acreedores. Por lo tanto, una empresa en concurso puede seguir operando, contratando y pagando nómina, aunque bajo la vigilancia del conciliador y del juez.
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Las etapas del concurso mercantil
Conocer las etapas, por lo tanto, te permite anticipar qué ocurrirá con tu crédito. La ley prevé dos etapas sucesivas, precedidas por una revisión inicial.
Revisión y sentencia
Primero, un visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles revisa la contabilidad y la situación financiera de la empresa. Con base en su dictamen, el juez decide si declara el concurso. La sentencia se publica en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de amplia circulación.
Conciliación
Después, comienza la conciliación, que dura en principio 185 días naturales y puede prorrogarse, según el artículo 145 de la ley. Durante esta etapa, un conciliador busca que la empresa y sus acreedores firmen un convenio para reestructurar las deudas. En el caso de TV Azteca, esta etapa corre desde la publicación de agosto.
ENLACE EXTERNO: Ley de Concursos Mercantiles: texto vigente y reformas → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcm.htm
¿Qué hace el conciliador?
El conciliador es un especialista designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Su tarea principal consiste en facilitar la negociación entre la empresa y sus acreedores. Además, elabora las listas de créditos, vigila la administración de la empresa y, en ciertos casos, puede solicitar al juez medidas para proteger la masa concursal. Por esa razón, mantener comunicación directa y documentada con el conciliador es una buena práctica para cualquier acreedor.
Quiebra
Por último, si no se logra un convenio en los plazos legales, el juez puede declarar la quiebra. En ese escenario, los bienes de la empresa se venden para pagar a los acreedores, de acuerdo con el orden de prelación que fija la ley.
¿Qué pasa con tu crédito cuando inicia un concurso mercantil?
Ahora bien, la sentencia que declara el concurso tiene efectos inmediatos sobre las deudas. Es indispensable conocerlos, porque cambian la manera en que se cobra.
Suspensión de embargos y ejecuciones
Durante la conciliación, el artículo 65 de la ley suspende, por regla general, los mandamientos de embargo o ejecución contra los bienes de la empresa. En otras palabras, no podrás embargar a tu deudor mediante un juicio individual mientras dure esa etapa, salvo excepciones como las de carácter laboral.
Intereses y conversión a UDIs
Además, conforme al artículo 89, los créditos sin garantía real dejan de generar intereses y se convierten a unidades de inversión desde que surte efectos la sentencia. Por lo tanto, el monto que reclames ya no crecerá como lo haría en un juicio ordinario.
Contratos vigentes con la empresa en concurso
Si tienes un contrato en curso con la empresa, por ejemplo de suministro o de arrendamiento, el concurso no lo termina automáticamente. No obstante, la ley da al conciliador un papel importante para decidir si conviene cumplir esos contratos pendientes. En consecuencia, si eres contraparte, puedes pedir que se defina con claridad si el contrato seguirá ejecutándose, para no prestar servicios sin certeza de pago.
Todos cobran en el mismo procedimiento
Además, desde ese momento, los acreedores dejan de competir entre sí mediante juicios separados. En cambio, todos participan en un procedimiento colectivo, en el que el juez reconoce cada crédito y define su orden de pago.
ENLACE INTERNO: oposición de acreedores en fusiones empresariales → https://baraibar.com.mx/oposicion-de-acreedores-en-fusiones-empresariales/
¿Cómo reconocer tu crédito: plazos que no debes dejar pasar?
El reconocimiento de créditos es el corazón del concurso mercantil para cualquier acreedor. Es decir, si tu crédito no se reconoce, difícilmente podrás cobrarlo.
La lista provisional
El conciliador elabora una lista provisional con base en la contabilidad de la empresa y en las solicitudes de los acreedores. Por eso, revisa si tu crédito aparece, por qué monto y con qué grado. Si no aparece o el monto es incorrecto, tienes un plazo breve para presentar objeciones y documentos.
La lista definitiva y la sentencia de reconocimiento
Después de las objeciones, el conciliador presenta la lista definitiva. Con base en ella, el juez dicta la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Es decir, esa resolución define cuánto se te debe y en qué lugar cobrarás.
Documentos que conviene reunir desde hoy
- Contratos, pedidos y órdenes de compra firmados.
- Facturas y comprobantes fiscales.
- Evidencia de entrega de bienes o servicios.
- Estados de cuenta y correos que acrediten saldos.
- Pagarés, garantías o cualquier título de crédito.
De acuerdo con el Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador, Socio Director de Juicios Civiles, Mercantiles y Laborales de Baráibar Temblador y Asociados, “en un concurso mercantil, el acreedor que revisa a tiempo la lista provisional y documenta bien su crédito tiene muchas más posibilidades de cobrar que quien espera a la quiebra”.
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¿Quién cobra primero: la prelación de créditos?
En un concurso mercantil no todos los acreedores cobran al mismo tiempo ni en la misma proporción. La ley establece un orden que conviene entender desde el inicio.
Créditos con preferencia
Los créditos laborales tienen una protección especial derivada de la Constitución. Además, los créditos con garantía real, como una hipoteca o una prenda, cobran con el valor de los bienes que los garantizan. Asimismo, los créditos fiscales tienen reglas propias.
Acreedores comunes
La mayoría de los proveedores y prestadores de servicios son acreedores comunes, es decir, no tienen garantía ni privilegio especial. Por esa razón, suelen cobrar después de los anteriores y, con frecuencia, en un porcentaje menor. De ahí la importancia de negociar activamente durante la conciliación.
ENLACE INTERNO: obligaciones ante el SAT y el buzón tributario → https://baraibar.com.mx/buzon-tributario-obligatorio-2026-sat-mexico/
Señales de alerta: ¿cómo detectar a tiempo a un cliente en riesgo?
Prevenir siempre resulta más barato que litigar. Por eso, conviene vigilar algunas señales que suelen anticipar un concurso mercantil:
- Retrasos cada vez más largos en pagos que antes eran puntuales.
- Solicitudes frecuentes de ampliar plazos o de pagar en parcialidades.
- Cambios repentinos en la administración o en los apoderados.
- Embargos, demandas o créditos fiscales publicados en contra del cliente.
- Noticias sobre reestructuras, incumplimientos de bonos o pérdidas acumuladas.
¿Qué hacer cuando detectas estas señales?
Si identificas varias de estas alertas, revisa de inmediato tu exposición con ese cliente. Por ejemplo, puedes reducir el crédito comercial, pedir pagos anticipados o solicitar garantías adicionales. Asimismo, documenta cualquier acuerdo de pago por escrito, porque esos documentos serán útiles si después necesitas acreditar tu crédito en el concurso mercantil.
¿Qué deben hacer hoy proveedores y prestadores de servicios?
Si tu empresa trabaja con un cliente en dificultades financieras, puedes tomar medidas preventivas. Estas son las más útiles:
- Revisa periódicamente los saldos vencidos de tus principales clientes.
- Solicita garantías cuando el monto o el plazo de crédito sean altos.
- Documenta cada entrega y cada factura de forma ordenada.
- Vigila las publicaciones del Diario Oficial de la Federación sobre concursos.
- Acude a un abogado en cuanto conozcas la solicitud de concurso de un cliente, sin esperar a la sentencia.
Seguir vendiendo a una empresa en concurso
De hecho, muchas empresas en concurso continúan operando. Si decides seguir vendiéndoles, conviene pactar condiciones claras de pago, porque las obligaciones contraídas durante el procedimiento para mantener la operación tienen un tratamiento distinto al de las deudas anteriores. Por eso, analiza cada caso con tu asesor.
El caso de los permisos y concesiones
En el caso de las filiales de juegos y sorteos, la nota de El Imparcial destaca que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prevé el concurso mercantil como causa de extinción del permiso. Sin embargo, la misma nota aclara que la sola solicitud no extingue el permiso, ya que se requiere una declaración judicial. En consecuencia, este ejemplo muestra que el procedimiento puede tener efectos regulatorios, además de financieros.
Errores comunes de los acreedores en un concurso mercantil
En la práctica, muchos acreedores pierden oportunidades valiosas por desconocer el procedimiento, sus plazos y la forma en que se documenta un crédito ante el conciliador. Estos son algunos de los errores más frecuentes:
Esperar a que la empresa llame
El conciliador no tiene la obligación de buscar a cada proveedor para explicarle su situación. Por consiguiente, si no revisas las publicaciones y la lista provisional, podrías quedarte fuera o con un monto menor al real.
Seguir litigando por separado
Otro error habitual es continuar un juicio ejecutivo mercantil como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por regla general, los embargos se suspenden durante la conciliación, de modo que conviene reorientar la estrategia hacia el reconocimiento del crédito.
No distinguir el tipo de crédito
Finalmente, algunos acreedores no saben si su crédito es común, tiene garantía real o algún privilegio. Esa clasificación define el orden de pago; por lo tanto, conviene revisarla con un especialista antes de presentar observaciones.
Lo que viene en el concurso de TV Azteca
En las próximas semanas, el conciliador deberá presentar la lista definitiva de créditos y el juez dictará la sentencia de reconocimiento. Mientras tanto, se definirá si las solicitudes de las filiales proceden y si se tramitan de forma coordinada con el procedimiento principal.
¿Qué vigilar en las próximas semanas?
Si tu empresa es acreedora de alguna de las sociedades involucradas, conviene dar seguimiento puntual a estos puntos:
- La presentación de la lista definitiva de créditos y su contenido.
- Después, la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación que dicte la jueza.
- En su caso, la admisión de las solicitudes de las cinco filiales.
- Cualquier propuesta de convenio que el conciliador ponga a consideración de los acreedores.
- Las prórrogas de la etapa de conciliación, si se solicitan.
Una oportunidad para negociar
Para los acreedores, la conciliación es el momento de negociar quitas, plazos o esquemas de pago. En cambio, una vez declarada la quiebra, el margen de negociación suele reducirse. Así, participar activamente en esta etapa puede marcar la diferencia en el monto final que recuperes.
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Conclusión: actuar a tiempo es la mejor estrategia
El concurso mercantil de TV Azteca y la solicitud de sus filiales recuerdan que cualquier empresa puede convertirse en acreedora de un deudor en crisis. Conocer las etapas, revisar la lista provisional, reunir documentos y negociar en la conciliación son pasos que pueden proteger tu patrimonio. Si tu empresa tiene cuentas por cobrar con una compañía en concurso, no esperes a la quiebra para actuar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un concurso mercantil?
Es un procedimiento judicial para comerciantes que incumplen de forma generalizada sus obligaciones de pago. Según el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, busca conservar la empresa y evitar que el incumplimiento afecte su viabilidad y la de otras empresas con las que se relaciona. Tiene una etapa de conciliación y, si no hay convenio, una de quiebra.
¿Cuándo se considera que una empresa incumple de forma generalizada?
Conforme al artículo 9 de la Ley de Concursos Mercantiles, cuando incumple con dos o más acreedores distintos y, además, al menos 35% de sus obligaciones llevan vencidas treinta días o más, o bien no tiene activos suficientes para pagar al menos 80% de sus obligaciones vencidas.
¿Puedo seguir cobrando con un juicio ejecutivo mercantil si mi cliente entra en concurso?
Por regla general, no durante la conciliación. El artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles suspende los mandamientos de embargo o ejecución contra los bienes del comerciante en esa etapa, con excepciones como las laborales. Lo recomendable es reorientar la estrategia hacia el reconocimiento del crédito dentro del concurso.
¿Mi crédito sigue generando intereses durante el concurso?
Los créditos sin garantía real en moneda nacional dejan de causar intereses y se convierten a unidades de inversión desde que surte efectos la sentencia de concurso, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Concursos Mercantiles. Los créditos con garantía real tienen reglas distintas que conviene revisar caso por caso.
¿Cuánto dura la etapa de conciliación?
El artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles fija una duración inicial de 185 días naturales contados desde la última publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Puede prorrogarse a petición de las partes legitimadas, dentro de los límites que la propia ley establece.
¿Qué debo hacer si mi crédito no aparece en la lista provisional?
Debes presentar tus objeciones y la documentación que acredite tu crédito dentro del plazo que fija la Ley de Concursos Mercantiles. Reúne contratos, facturas, evidencia de entrega y estados de cuenta. Si no actúas a tiempo, tu crédito podría no reconocerse en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
Referencias jurídicas
- Ley de Concursos Mercantiles, artículos 1, 9, 65, 89 y 145. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCM.pdf
- Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, artículo 34, fracción IV.
- El CEO, “TV Azteca da un paso más; avanza en su proceso de reorganización empresarial” (18 de septiembre de 2026): https://elceo.com/negocios/tv-azteca-da-un-paso-mas-avanza-en-su-proceso-de-reorganizacion-empresarial/
- El Imparcial, “Ganador Azteca solicita concurso mercantil junto con otras cuatro filiales de TV Azteca” (24 de septiembre de 2026): https://www.elimparcial.com/dinero/2026/09/24/ganador-azteca-empresa-vinculada-a-ricardo-salinas-pliego-solicita-concurso-mercantil-junto-con-otras-cuatro-filiales-de-tv-azteca-tras-acumular-perdidas-y-arriesga-su-permiso-para-operar-apuestas/
Nota de descargo: Este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría legal formal ni establece relación abogado-cliente.
by paulina@baraibar.com.mx | Oct 12, 2026 | Derecho Corporativo, Derecho Mercantil
Levantamiento del velo corporativo: claves esenciales que fijó la SCJN en 2026
El levantamiento del velo corporativo volvió al centro del debate empresarial después de una resolución relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concretamente, el 30 de septiembre de 2026, el Pleno resolvió el amparo directo 57/2025, derivado del litigio entre la Cooperativa La Cruz Azul y la sociedad civil Desarrolladora Táctica FA. En ese asunto, la Corte negó el amparo a la empresa y dejó firme una sentencia que libera a la cooperativa de pagar unos 1,584 millones de pesos en honorarios. Además, quedó vigente la orden de devolver cerca de 647 millones que ya se habían pagado.
Para cualquier empresa, el fallo deja dos lecciones. Primero, ser socio no basta para responder con tu patrimonio por las deudas de la sociedad. Segundo, quien firma sin facultades no queda protegido, aunque posteriormente se paguen las facturas.
¿Qué resolvió la SCJN en el caso Cruz Azul?
El asunto llegó a la Suprema Corte por su importancia y trascendencia, después de varios años de litigio entre ambas partes. Según la información pública del caso, Desarrolladora Táctica reclamaba el pago de honorarios derivados de un contrato de servicios jurídicos firmado a nombre de la cooperativa. Por su parte, Cruz Azul sostuvo que las personas que firmaron no tenían facultades suficientes para obligarla.
El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, la Corte negó el amparo y confirmó la sentencia que había resuelto a favor de la cooperativa.
Datos clave del amparo directo 57/2025
- Órgano: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Fecha de resolución: 30 de septiembre de 2026.
- Votación: unanimidad, con el proyecto del ministro Guerrero García.
- Resultado: amparo negado a Desarrolladora Táctica FA, S.C.
- Montos: honorarios reclamados por unos 1,584 millones y devolución de aproximadamente 647 millones de pesos.
Los dos criterios centrales del fallo
De acuerdo con lo reportado por medios especializados, el Pleno sostuvo dos ideas que interesan a cualquier empresa:
- La conducta de las partes durante la ejecución de un contrato no puede subsanar la falta de facultades de representación de quien lo firmó.
- Asimismo, el levantamiento del velo corporativo constituye una medida excepcional, que solo procede cuando existen pruebas de un uso abusivo de la personalidad jurídica.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía señaló que en el expediente existían pruebas suficientes del uso abusivo de figuras societarias. También destacó el control efectivo que un socio ejercía sobre las sociedades involucradas.
¿Por qué el caso importa más allá del futbol?
Aunque el litigio involucra a una institución muy conocida, el criterio no se limita a ella. Cualquier sociedad que contrate servicios, firme convenios o reciba pagos puede enfrentar una situación similar. Por eso conviene entender qué significa esta figura y en qué circunstancias se aplica. Este análisis está pensado para socios, consejeros, directores jurídicos y proveedores que contratan con personas morales de cualquier tamaño.
¿Qué es el levantamiento del velo corporativo y por qué es excepcional?
Una sociedad mercantil inscrita en el Registro Público de Comercio tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios. Así lo establece el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Gracias a esa separación, el patrimonio de la empresa responde por sus deudas y, en principio, el de los socios queda protegido.
ENLACE EXTERNO: Ley General de Sociedades Mercantiles → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
Esa protección constituye la base del sistema empresarial mexicano. De lo contrario, pocas personas invertirían en un negocio, porque cualquier deuda podría alcanzar su casa o sus ahorros. Sin embargo, la ley no protege a quien utiliza una sociedad como escudo para defraudar a sus acreedores.
La “cortina” que la Corte puede correr
El levantamiento del velo corporativo es la herramienta con la que un juez examina lo que ocurre detrás de la sociedad. En otras palabras, deja de tratar a la empresa como un ente separado y atribuye sus obligaciones a quien realmente la controla. Se trata, por lo tanto, de una excepción a la regla general de separación patrimonial.
La Corte insistió en que estamos frente a una medida extraordinaria. No basta con demostrar que alguien es socio mayoritario o que controla la administración. Tampoco resulta suficiente que la empresa tenga deudas que no puede pagar.
Lo que sí exige el criterio
Para que proceda, debe acreditarse un uso abusivo de la personalidad jurídica. Por ejemplo, constituir sociedades para evadir obligaciones, defraudar a la ley o perjudicar a terceros. En el caso resuelto, la Corte encontró elementos independientes que demostraban ese abuso, como un acuerdo privado contenido en un instrumento público.
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Las facultades de representación: el otro gran criterio del fallo
El segundo mensaje de la sentencia resulta tan importante como el primero. Una persona moral solo se obliga a través de quienes tienen facultades para representarla. En las sociedades mercantiles, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles asigna esa representación al administrador o al consejo de administración.
Tratándose de una cooperativa, la representación corresponde a los órganos y apoderados que señalan sus bases constitutivas y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Si quien firma no tiene esas facultades, el contrato no obliga a la persona moral.
Pagar no equivale a ratificar
Muchas empresas creen que, si ya pagaron parte de un contrato, ese pago “convalida” automáticamente lo firmado. Según el criterio reportado, la Corte rechazó esa interpretación. La conducta de las partes durante la ejecución puede demostrar que existió una relación comercial; no obstante, no subsana la falta de facultades de quien firmó.
El artículo 1802 del Código Civil Federal prevé que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no es su legítimo representante son nulos, salvo que la persona representada los ratifique. Por lo tanto, la ratificación tiene que provenir del órgano facultado y cumplir con las formalidades necesarias.
ENLACE EXTERNO: Código Civil Federal → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
¿Cómo verificar un poder notarial antes de firmar?
Revisar el poder de tu contraparte toma unos minutos y puede evitar un litigio millonario. Conviene confirmar, en primer lugar, que el poder conste en escritura pública y que esté vigente. En segundo lugar, revisa qué tipo de facultades otorga: el artículo 2554 del Código Civil Federal distingue entre poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio.
Además, verifica si el poder tiene límites de monto, de materia o de plazo. Si el contrato implica suscribir pagarés u otros títulos de crédito, el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito exige facultades específicas para ello. Finalmente, solicita una copia certificada y consérvala junto con el contrato firmado.
El efecto práctico: devolver lo cobrado
En este asunto, la consecuencia fue doble. La cooperativa quedó liberada del pago reclamado y, a su vez, la empresa demandante quedó obligada a devolver lo que ya había recibido. Así, quien contrata con una persona moral debe revisar las facultades de su contraparte antes de firmar, no después. De acuerdo con el Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador, Socio Director de Juicios Civiles, Mercantiles y Laborales de Baráibar Temblador y Asociados, “en litigio mercantil vemos con frecuencia contratos millonarios firmados por personas sin poder suficiente; revisar el poder antes de firmar cuesta mucho menos que litigar después”.
¿Cuándo procede el levantamiento del velo corporativo según la Corte?
El criterio de 2026 retoma una línea que los tribunales mexicanos han construido gradualmente durante años. A partir de lo reportado sobre el fallo, pueden identificarse varios supuestos en los que un juez podría correr el velo:
- Fraude a la ley: la sociedad se utiliza para eludir una norma que, de otro modo, resultaría aplicable.
- Evasión de obligaciones: se constituyen empresas para que los bienes queden fuera del alcance de los acreedores.
- Daño a terceros: la estructura societaria se diseña para perjudicar a quien contrata con ella.
- Confusión de patrimonios: el socio controlador dispone de los recursos de la sociedad como si fueran propios.
El papel de la prueba
En todos los casos, la carga de demostrar el abuso recae en quien lo alega. Igualmente, las pruebas deben ser independientes de la sola calidad de socio. Documentos, transferencias bancarias, acuerdos privados y la relación entre las sociedades suelen ser los elementos que un juez valora con mayor atención.
Lo que no basta
Ser dueño de la mayoría de las acciones no convierte automáticamente a una persona en responsable de las deudas. Tampoco basta que varias empresas compartan domicilio, directivos o proveedores. El levantamiento del velo corporativo exige demostrar que esa estructura se utilizó de forma abusiva, y no únicamente que existe.
Velo corporativo y responsabilidad solidaria fiscal: dos figuras distintas
Conviene no confundir el levantamiento del velo corporativo con la responsabilidad solidaria que prevé el Código Fiscal de la Federación. Son instituciones diferentes, con requisitos y consecuencias propias.
La responsabilidad solidaria de socios ante el SAT
El artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación permite que la autoridad cobre a los socios o accionistas ciertas contribuciones de la sociedad. Sin embargo, esa responsabilidad solo opera en supuestos específicos, por ejemplo cuando la empresa no se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes o cambia de domicilio sin dar aviso. Asimismo, el monto exigible tiene límites vinculados con la participación del socio en el capital social.
¿Por qué importa distinguirlas?
El velo corporativo es una construcción judicial excepcional, que se discute principalmente en litigios civiles y mercantiles. En cambio, la responsabilidad solidaria fiscal está regulada expresamente en la ley y la determina la autoridad hacendaria. Por consiguiente, una empresa puede estar en riesgo por una vía y no por la otra, de modo que conviene revisar ambas con tu asesor.
ENLACE INTERNO: obligaciones de las empresas ante el buzón tributario → https://baraibar.com.mx/buzon-tributario-obligatorio-2026-sat-mexico/
Riesgos para socios, administradores y apoderados
El fallo envía señales distintas según el papel que tengas dentro de una empresa. Conviene revisarlas una por una, ya que cada figura enfrenta riesgos diferentes.
Si eres socio o accionista
Tu patrimonio sigue protegido por la regla general de separación. No obstante, esa protección se debilita si mezclas tus recursos con los de la sociedad o si utilizas la empresa para fines ajenos a su objeto. En esos casos, un acreedor podría solicitar el levantamiento del velo corporativo para alcanzar tus bienes personales.
Si eres administrador o director
Tu responsabilidad principal consiste en actuar dentro de tus facultades y del objeto social. Firmar contratos que excedan tu poder puede dejar a la empresa sin obligación, pero también puede generar reclamos en tu contra. Del mismo modo, el consejo de administración debe vigilar que los apoderados no comprometan a la sociedad sin autorización.
Si eres proveedor o prestador de servicios
Probablemente, este es el riesgo más alto. Si el contrato lo firmó alguien sin facultades, podrías perder el pago e incluso devolver lo cobrado. Por eso, antes de iniciar cualquier relación comercial relevante, conviene solicitar el poder notarial vigente de quien firmará.
ENLACE INTERNO: oposición de acreedores en fusiones empresariales → https://baraibar.com.mx/oposicion-de-acreedores-en-fusiones-empresariales/
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¿Cómo proteger a tu empresa frente al levantamiento del velo corporativo?
La mejor defensa consiste en una buena práctica corporativa. Estas medidas reducen el riesgo de que un juez considere abusiva la estructura de tu empresa:
- Mantén separadas las cuentas bancarias de la sociedad y las de los socios.
- Documenta en actas las decisiones relevantes de asambleas y consejos.
- Celebra por escrito y a valor de mercado las operaciones entre empresas del mismo grupo.
- Revisa que el objeto social cubra las actividades que realmente realiza la empresa.
- Otorga poderes específicos, con límites claros de monto y materia.
- Verifica las facultades de tu contraparte antes de firmar contratos importantes.
Orden en los libros corporativos
Los libros de actas, el registro de accionistas y las inscripciones en el Registro Público de Comercio son tu primera prueba. Si están actualizados, resultará más difícil sostener que la sociedad es una simple fachada. De igual manera, una contabilidad ordenada demuestra que la empresa tiene vida propia.
Atención especial a los grupos empresariales
Cuando una persona controla varias sociedades, el riesgo aumenta considerablemente. La Corte puso especial atención en el control efectivo que un socio ejercía sobre distintas empresas. Por lo tanto, los grupos corporativos deben justificar con razones de negocio por qué operan mediante varias entidades.
¿Qué sigue tras el criterio de la Suprema Corte?
La sentencia del amparo directo 57/2025 fortalece dos principios que conviven en el derecho mexicano. Primero, la autonomía patrimonial de las sociedades, que brinda certeza a socios e inversionistas. Después, la posibilidad de levantar esa protección cuando alguien abusa de ella.
Un criterio para litigar y para prevenir
Para quien demanda, el fallo confirma que el levantamiento del velo corporativo es posible, aunque exige pruebas sólidas. En cambio, para quien se defiende, recuerda que la sola calidad de socio no justifica una condena personal.
¿Cómo podría invocarse este precedente en otros juicios?
Los litigantes ya pueden citar este asunto en demandas y contestaciones. Quien solicite el levantamiento del velo corporativo tendrá que ofrecer pruebas concretas del abuso, por ejemplo estados de cuenta, contratos entre empresas relacionadas o actas que muestren el control efectivo del socio. Por el contrario, quien se defienda podrá argumentar que la sola participación accionaria no acredita responsabilidad personal. En ambos casos, la calidad de la prueba documental será decisiva para el resultado del juicio.
Revisa tus contratos vigentes
Si tu empresa tiene contratos importantes firmados por apoderados, vale la pena revisarlos hoy mismo. Confirma que el firmante tenía facultades suficientes y que el poder estaba vigente. En caso contrario, todavía puedes regularizar la situación mediante una ratificación formal del órgano facultado.
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Conclusión: separación patrimonial con límites claros
El levantamiento del velo corporativo sigue siendo una medida excepcional en México. Con el fallo de 2026, la Suprema Corte dejó claro que ser socio o controlar una empresa no basta para responder por sus deudas. Al mismo tiempo, recordó que la conducta posterior no corrige un contrato firmado sin facultades. En suma, para socios, administradores y proveedores, la lección es la misma: orden corporativo, poderes claros y verificación previa de la contraparte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el levantamiento del velo corporativo?
Es una medida excepcional por la que un juez deja de tratar a una sociedad como ente separado y atribuye sus obligaciones a quien la controla. Procede cuando se prueba un uso abusivo de la personalidad jurídica, que reconoce el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo para defraudar a la ley o dañar a terceros.
¿Ser socio mayoritario me hace responsable de las deudas de la empresa?
No por sí mismo. La regla general es la separación patrimonial entre la sociedad y sus socios. Según el criterio reportado del amparo directo 57/2025, la Corte exigió pruebas independientes de abuso de la personalidad jurídica, como confusión de patrimonios o creación de sociedades para evadir obligaciones, antes de atribuir responsabilidad personal.
¿Qué pasa si un contrato lo firmó alguien sin facultades?
El artículo 1802 del Código Civil Federal prevé que el contrato celebrado a nombre de otro sin ser su legítimo representante es nulo, salvo ratificación. Según lo reportado, la Corte sostuvo que la conducta de las partes durante su ejecución no subsana esa falta de facultades de representación.
Si la empresa ya pagó parte del contrato, ¿quedó convalidado?
No necesariamente. En el caso Cruz Azul, la Corte dejó firme una sentencia que ordenó devolver lo ya pagado, porque los pagos no corrigieron la falta de facultades. La ratificación debe provenir del órgano facultado de la persona moral y cumplir las formalidades legales y estatutarias aplicables.
¿Quién representa legalmente a una sociedad mercantil?
Conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación corresponde al administrador o consejo de administración, que puede realizar las operaciones inherentes al objeto social. También pueden actuar apoderados con poderes otorgados formalmente, dentro de los límites de monto y materia que señale cada poder.
¿Cómo puedo proteger mi patrimonio como socio?
Mantén separadas las cuentas de la sociedad y las personales, documenta decisiones en actas, celebra operaciones entre empresas del grupo por escrito y a valor de mercado, y conserva al día los libros corporativos. Estas prácticas ayudan a demostrar que la sociedad tiene vida propia conforme al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Referencias jurídicas
- Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 2 y 10. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
- Código Civil Federal, artículo 1802. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
- Ley General de Sociedades Cooperativas.
- SCJN, Pleno. Amparo directo 57/2025, resuelto el 30 de septiembre de 2026 (ponente: Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García).
- El Contribuyente, “SCJN: ser socio no basta para responder por las deudas” (6 de octubre de 2026): https://www.elcontribuyente.mx/2026/10/scjn-ser-socio-no-basta-para-responder-por-las-deudas/
- El CEO, “Cruz Azul gana otro round en la SCJN” (30 de septiembre de 2026): https://elceo.com/negocios/cruz-azul-gana-otro-round-en-la-scjn-ante-empresa-ligada-a-angel-junquera-libra-pago-de-1500-mdp/
Nota de descargo: Este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría legal formal ni establece relación abogado-cliente.
by paulina@baraibar.com.mx | Sep 9, 2026 | Derecho Corporativo
La oposición de acreedores en fusiones empresariales ya cuenta con un respaldo constitucional expreso en México. Así lo confirmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 50/2025 en sesión del 7 de enero de 2026. La Corte validó el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, norma que permite a cualquier acreedor frenar judicialmente una fusión mientras se resuelve su reclamo. Por lo tanto, ninguna empresa puede asumir que un acuerdo de fusión, por sí solo, garantiza su ejecución inmediata. En consecuencia, los equipos jurídicos y financieros deben incorporar este riesgo a cualquier operación corporativa futura.
¿Qué Resolvió la SCJN sobre la Oposición de Acreedores en Fusiones Empresariales?
El Pleno confirmó que cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan puede oponerse judicialmente, mediante juicio sumario, a esa operación. Además, mientras se resuelve la oposición, los efectos de la fusión quedan suspendidos por mandato legal. Esta suspensión no depende de un análisis previo sobre el fondo del reclamo del acreedor. En consecuencia, basta con que la oposición se presente dentro de los plazos legales para que la fusión quede detenida.
Cabe destacar que esta suspensión automática es, precisamente, lo que una sociedad mercantil impugnó ante los tribunales. La empresa argumentó que el artículo 224 limitaba, de forma indebida, su libertad de asociación. Sin embargo, el Pleno resolvió que esa libertad no es absoluta y que el Congreso puede establecer límites razonables. De ahí que la oposición de acreedores en fusiones empresariales se mantenga como una herramienta plenamente constitucional.
El Caso que Originó el Criterio: una Empresa Impugnó el Artículo 224
Una sociedad mercantil promovió amparo contra el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tras enfrentar la oposición de uno de sus acreedores a una fusión ya acordada. Argumentó que la norma vulneraba su libertad de asociación, reconocida por el artículo 9 constitucional. Además, sostuvo que la suspensión automática de los efectos de la fusión resultaba desproporcionada frente al interés legítimo del acreedor.
No obstante, el Tribunal Colegiado que conoció el asunto en primera instancia negó el amparo solicitado. La empresa recurrió esa negativa ante la Suprema Corte, mediante recurso de revisión. Finalmente, el Pleno confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo de forma definitiva. Con esta resolución, la Corte fijó un precedente que impacta directamente a los grandes corporativos del país.
¿Tienes dudas sobre este tema? Los abogados de Baráibar & Asociados en CDMX pueden orientarte. Agenda tu consulta hoy.
¿Cómo Funciona la Oposición Judicial a una Fusión Empresarial?
El Procedimiento Sumario de Oposición
Cualquier acreedor de las sociedades fusionadas puede iniciar este procedimiento ante un juez competente. El trámite se desahoga en la vía sumaria, pensada para resolver con celeridad. Mientras el juicio permanece abierto, la fusión no puede surtir efectos frente a terceros. Solo una sentencia firme que declare infundada la oposición permite reactivar la operación.
Alternativas para que la Fusión Surta Efectos de Inmediato
La propia ley prevé salidas para evitar esta suspensión. Por ejemplo, la sociedad puede pagar las deudas reclamadas por el acreedor inconforme. Asimismo, puede depositar el monto correspondiente en una institución de crédito autorizada. Por último, basta con obtener el consentimiento expreso de todas las personas acreedoras involucradas.
Contexto: Otros Criterios de la Misma Sesión del Pleno
La validación del artículo 224 no llegó sola. Ese mismo 7 de enero de 2026, el Pleno resolvió otros cuatro asuntos relevantes, agrupados en el Comunicado de Prensa No. 004/2026. Por un lado, confirmó que una persona juzgadora puede emitir una orden de aprehensión cuando el Ministerio Público acredite la “necesidad de cautela”, sin que exista aún auto de vinculación a proceso. Esa facultad, prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige justificar de forma detallada por qué otros medios menos invasivos resultan insuficientes.
Además, la Corte garantizó el derecho de niñas y niños a recibir alimentos de forma retroactiva, incluso cuando otro familiar haya asumido parte de su manutención. Igualmente, validó el delito de “negociaciones ilícitas” del Código Penal de Querétaro, aplicable a servidores públicos que obtienen beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo. En conjunto, esta sesión refleja una agenda especialmente activa del Pleno en materia penal, familiar y corporativa.
Los Límites Constitucionales de la Libertad de Asociación
La Corte fue enfática: ningún derecho fundamental, incluida la libertad de asociación, opera sin límites. Por el contrario, el Congreso puede imponer restricciones razonables cuando exista una finalidad legítima que las justifique. En este caso, esa finalidad consiste en evitar que la desaparición de las sociedades fusionadas afecte el cobro de créditos legítimos. Igualmente, la Corte buscó impedir que el patrimonio de los acreedores se deteriore de forma injustificada durante el proceso.
Por su parte, este razonamiento se alinea con criterios previos sobre la función social de la propiedad y de la libertad contractual. Ninguna de esas libertades puede ejercerse en perjuicio de terceros con derechos legítimos de por medio. En consecuencia, las empresas deben diseñar sus operaciones corporativas considerando este equilibrio constitucional desde el inicio.
¿Qué Significa este Criterio para Fusiones y Adquisiciones en México?
En este contexto, cualquier proceso de fusión, adquisición o reestructuración corporativa en México enfrenta ahora un riesgo más visible: la oposición de acreedores en fusiones empresariales puede detener la operación por meses. Por ejemplo, un acreedor con un crédito relevante y sin garantías suficientes tiene ahora un incentivo claro para oponerse judicialmente. De no anticiparse, esa oposición puede retrasar el cierre de una operación estratégica y afectar su viabilidad financiera.
Además, los inversionistas y fondos que participan en operaciones de M&A en México deben incorporar este riesgo a sus análisis de due diligence. Un pasivo mal documentado, o un acreedor descontento, puede convertirse en un obstáculo legal real. Por esa razón, la etapa de planeación de cualquier fusión debe incluir un mapeo detallado de acreedores desde el principio.
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Diferencia entre Fusión, Escisión y Adquisición frente a los Acreedores
Conviene distinguir entre estas figuras, pues el régimen de protección a los acreedores no opera igual en todas. Cabe señalar que la fusión implica que una o varias sociedades desaparecen para integrarse en otra, que asume la totalidad de sus derechos y obligaciones. Por esa razón, el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula específicamente este supuesto, dado el riesgo de que los créditos originales se diluyan.
La escisión, en cambio, divide el patrimonio de una sociedad entre varias entidades, cada una responsable de las obligaciones que le correspondan. Asimismo, la ley prevé reglas propias de responsabilidad solidaria para proteger a los acreedores en este escenario. Por su parte, una adquisición de acciones o activos no extingue a ninguna sociedad, por lo que el mecanismo de oposición judicial del artículo 224 no resulta aplicable de la misma manera. De ahí la importancia de identificar correctamente qué figura corporativa se está utilizando antes de diseñar la estrategia legal de la operación.
¿Qué Debe Contener un Mapeo de Acreedores Antes de una Fusión?
Un mapeo completo de acreedores debe incluir, primero, un listado detallado de todos los créditos vigentes, con montos exactos y fechas de vencimiento. Segundo, conviene clasificar a los acreedores según el riesgo real de que se opongan judicialmente a la operación. Tercero, resulta indispensable identificar si existen garantías reales o avales que respalden cada crédito.
Asimismo, el mapeo debe considerar la solidez de la relación comercial con cada acreedor. Un proveedor estratégico, por ejemplo, difícilmente se opondrá a una fusión que fortalece a su cliente. En cambio, un acreedor financiero con un crédito vencido y sin garantías representa un riesgo considerablemente mayor. Documentar esta clasificación con anticipación permite priorizar negociaciones y reducir sorpresas durante el proceso.
Riesgos y Contingencias para Empresas en Procesos de M&A
Cabe destacar que, entre los principales riesgos que enfrenta una empresa sin un plan de contingencia, se encuentran los siguientes: suspensión judicial de la fusión, retrasos que encarecen la operación, pérdida de confianza de inversionistas y exposición a litigios prolongados. De igual manera, una oposición mal gestionada puede filtrarse a medios y dañar la reputación de las partes involucradas.
Por otro lado, las fusiones transfronterizas enfrentan un riesgo adicional. Los acreedores extranjeros también pueden ejercer este derecho de oposición conforme a la ley mexicana, siempre que la sociedad deudora esté constituida en el país. Por tanto, las empresas con operaciones internacionales deben revisar sus contratos de crédito vigentes antes de anunciar cualquier fusión.
Impacto para Empresas con Contratos de Crédito y Fideicomisos de Garantía
Las empresas que operan con fideicomisos de garantía o contratos de crédito estructurado enfrentan un escenario particular frente a este criterio. Muchos de esos instrumentos incluyen cláusulas de vencimiento anticipado, activables precisamente ante un proceso de fusión. Por lo tanto, una oposición judicial no solo suspende la fusión, sino que puede detonar, de forma simultánea, el vencimiento de otras obligaciones financieras relacionadas.
Asimismo, las instituciones bancarias suelen exigir notificación previa de cualquier fusión que involucre a su acreditado. Omitir ese aviso, incluso sin mala intención, puede generar un incumplimiento contractual independiente del criterio de la Corte. Por esa razón, conviene revisar cuidadosamente los contratos de crédito vigentes antes de anunciar públicamente cualquier operación corporativa.
De igual manera, los fideicomisos de garantía suelen designar a una institución fiduciaria como representante de los acreedores. Esa institución puede oponerse judicialmente en nombre de todos los beneficiarios del fideicomiso, lo que concentra un riesgo considerable en una sola contraparte. En consecuencia, negociar directamente con el fiduciario, antes de anunciar la fusión, puede evitar una oposición que afecte a decenas de acreedores simultáneamente.
Recomendaciones de Compliance Corporativo para Evitar Oposiciones de Acreedores
En primer lugar, toda empresa que planee una fusión debería elaborar un inventario completo de acreedores y sus condiciones de pago. Después, conviene evaluar cuáles de esos créditos representan un riesgo real de oposición judicial. Asimismo, resulta prudente negociar anticipadamente con los acreedores más relevantes, antes de anunciar públicamente la operación.
Igualmente, conviene documentar por escrito cualquier acuerdo de pago, garantía o consentimiento obtenido de los acreedores. Finalmente, es recomendable incorporar cláusulas contractuales que anticipen escenarios de fusión futura, reduciendo así la incertidumbre legal. De lo contrario, la empresa podría enfrentar demoras costosas como las que motivaron esta resolución.
Asimismo, un comité interno de seguimiento, integrado por las áreas legal, financiera y de tesorería, facilita la coordinación durante todo el proceso. Ese comité puede detectar oportunamente señales de alerta, como un acreedor insatisfecho o una comunicación tensa con algún proveedor relevante. Las empresas que institucionalizan este tipo de revisión suelen enfrentar procesos de fusión considerablemente más ágiles y predecibles.
ENLACE EXTERNO: Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 224
ENLACE EXTERNO: Comunicado de Prensa SCJN No. 004/2026
Por lo demás, este mismo criterio se relaciona con otros pasivos contingentes que suelen aparecer durante procesos de fusiones y adquisiciones en México.
ENLACE INTERNO: Prestaciones de Vivienda Alternas al Infonavit
ENLACE INTERNO: Ley de Amparo 2025: Guía Estratégica para Empresas en CDMX
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¿Qué Plazo Tiene un Acreedor para Oponerse a la Fusión?
La ley establece un plazo específico para ejercer este derecho, contado a partir de la publicación del acuerdo de fusión. Los acreedores deben actuar dentro de ese periodo si desean activar la suspensión judicial prevista en el artículo 224. Una vez vencido ese plazo, la fusión puede surtir efectos plenos frente a terceros, salvo situaciones excepcionales previstas en la propia legislación mercantil.
Por su parte, este plazo obliga a las empresas a publicar el acuerdo de fusión con exactitud y transparencia, conforme a los requisitos legales aplicables. Un balance general incompleto, o una publicación con errores, puede generar disputas adicionales sobre el momento exacto en que el plazo comenzó a correr. Los abogados corporativos recomiendan documentar cuidadosamente la fecha y el medio de publicación, para evitar controversias posteriores sobre el cómputo del término legal.
La certeza sobre este plazo también protege a la propia empresa fusionante frente a reclamos extemporáneos. Un acreedor que se opone fuera de tiempo carece de fundamento legal para suspender la operación, sin importar la legitimidad de su crédito original. Por ese motivo, contar con evidencia clara de la fecha de publicación resulta tan importante como la solidez del propio acuerdo de fusión.
De ahí que convenga conservar acuses de recibo, capturas de pantalla y constancias notariales de cada publicación relacionada con la fusión. Además, un abogado corporativo puede calcular con precisión el vencimiento del plazo aplicable a cada acreedor conocido. En consecuencia, esta previsión adicional reduce sensiblemente el margen de disputa sobre la oportunidad de cualquier oposición futura.
Conclusión
El criterio del Pleno confirma que la oposición de acreedores en fusiones empresariales es una herramienta legal plenamente vigente en México. A partir de esta resolución, ninguna empresa puede subestimar el riesgo que representa un acreedor inconforme durante un proceso de fusión. Por el contrario, cada operación corporativa debe planearse considerando este riesgo desde su diseño inicial. Las empresas que actúen con anticipación reducirán su exposición a suspensiones judiciales y retrasos costosos. En cambio, quienes ignoren este criterio podrían enfrentar contingencias similares a la que motivó la intervención de la Suprema Corte.
Preguntas Frecuentes
¿Qué resolvió la SCJN sobre la oposición de acreedores en fusiones empresariales?
El Pleno validó el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a cualquier acreedor oponerse judicialmente a una fusión y suspender sus efectos, conforme al Amparo en Revisión 50/2025, resuelto el 7 de enero de 2026.
¿Puede una empresa evitar la suspensión de su fusión por oposición de un acreedor?
Sí. La ley permite pagar las deudas reclamadas, depositar su monto en una institución de crédito o contar con el consentimiento expreso de todas las personas acreedoras involucradas en la operación.
¿Qué empresas deben prestar especial atención a este criterio?
Cualquier empresa que planee una fusión, adquisición o reestructuración corporativa, especialmente aquellas con acreedores relevantes sin garantías suficientes o con operaciones transfronterizas activas.
¿Qué riesgos enfrenta una empresa sin un plan de contingencia frente a este criterio?
Suspensión judicial de la fusión, retrasos que encarecen la operación, pérdida de confianza de inversionistas y exposición a litigios prolongados, conforme al criterio fijado por el Pleno de la Corte.
¿Qué pasó con el caso concreto que resolvió la Suprema Corte?
El Pleno confirmó la sentencia que negó el amparo a la empresa impugnante y ratificó la constitucionalidad del artículo 224, sin conceder la protección constitucional solicitada por la sociedad mercantil.
¿Dónde puedo consultar el criterio completo de la Suprema Corte?
El criterio se encuentra en el Comunicado de Prensa No. 004/2026 de la SCJN y en el expediente del Amparo en Revisión 50/2025, resuelto en sesión de Pleno del 7 de enero de 2026.
Referencias Jurídicas
- Comunicado de Prensa SCJN No. 004/2026, 7 de enero de 2026.
- Amparo en Revisión 50/2025, Pleno de la SCJN.
- Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 224.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 9.
Este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría legal formal ni establece relación abogado-cliente.
by paulina@baraibar.com.mx | Ago 24, 2026 | Derecho Corporativo, Derecho Laboral
Las prestaciones de vivienda alternas al Infonavit ya no pueden sustituir, sin más, la obligación legal de aportar al instituto. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 3 de agosto de 2026, al resolver el Amparo en Revisión 633/2026. El caso surgió de la reclamación de un trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos, quien exigió el reconocimiento de sus aportaciones omitidas. Por lo tanto, el criterio obliga a revisar con detalle cualquier esquema interno de vivienda que una empresa ofrezca como sustituto de las aportaciones legales. En consecuencia, directores jurídicos y de recursos humanos deben actuar antes de que la contingencia llegue a litigio.
¿Qué Resolvió la SCJN sobre las Prestaciones de Vivienda Alternas al Infonavit?
El Pleno de la Corte confirmó que el parámetro para evaluar cualquier sistema de vivienda alterno es la Ley del Infonavit, junto con el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo. No basta, entonces, con que el reglamento interno de una empresa prevea prestaciones como ayuda de renta o apoyos para adquirir casa. Además, los tribunales deben comparar de forma expresa esos beneficios extralegales contra el régimen legal que tutela el derecho a la vivienda. Solo así puede determinarse si el esquema ofrece beneficios iguales o mayores a los que exige la ley. De lo contrario, la empresa permanece obligada a enterar las aportaciones correspondientes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Cabe destacar que este criterio deriva de un asunto laboral, pero su alcance trasciende el sector energético. Cualquier empresa mexicana con esquemas propios de prestaciones de vivienda alternas al Infonavit enfrenta ahora el mismo estándar de revisión. Asimismo, el fallo confirma que un reglamento interno de trabajo, por sí solo, no sustituye la obligación constitucional prevista en el artículo 123, apartado A, fracción XII.
Antecedentes: el Caso de un Trabajador Jubilado de Pemex
Un extrabajador de confianza de Pemex demandó, mediante juicio laboral, diversas prestaciones no cubiertas durante su relación de trabajo. Entre ellas, reclamó el reconocimiento y pago de las aportaciones omitidas al Infonavit. En primera instancia, la autoridad laboral condenó a la empresa a inscribirlo ante el IMSS y a realizar las aportaciones correspondientes. Sin embargo, un tribunal colegiado revocó esa determinación, al considerar que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex preveía un sistema propio en materia de vivienda.
Dicho reglamento contempla, en sus artículos 47 y 76, prestaciones como la ayuda de renta de casa y apoyos económicos para adquirir vivienda. Por esa razón, el tribunal colegiado consideró que Pemex quedaba exenta de aportar al Infonavit. No obstante, el trabajador promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte, inconforme con esa resolución. Finalmente, el Pleno revocó la sentencia impugnada y devolvió el asunto al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución, ahora sí conforme a los parámetros fijados por la Corte.
¿Tienes dudas sobre este tema? Los abogados de Baráibar & Asociados en CDMX pueden orientarte. Agenda tu consulta hoy.
¿Por qué el Reglamento Interno No Basta para Sustituir al Infonavit?
El Parámetro Legal: Ley del Infonavit y Artículo 136 de la LFT
La Corte fue clara: ningún reglamento interno puede colocarse por encima del régimen legal de seguridad social. Por el contrario, cualquier esquema alterno debe medirse contra la Ley del Infonavit y contra el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación patronal de aportar al fondo de vivienda. De ahí que las prestaciones de vivienda alternas al Infonavit solo resulten válidas cuando ofrecen un beneficio igual o superior al legal. Igualmente, la empresa debe acreditar esa equivalencia con datos objetivos y verificables, no con una simple declaración contractual.
La Comparación Obligatoria entre Beneficios Extralegales y Legales
Los tribunales colegiados ya no pueden limitarse a constatar que existe un reglamento interno con prestaciones de vivienda. En cambio, deben realizar un ejercicio comparativo expreso entre ambos regímenes. Por ejemplo, si la ayuda de renta que ofrece una empresa resulta menor al monto que correspondería como aportación al Infonavit, el esquema alterno no cumple el estándar constitucional. En ese supuesto, la empresa deberá regularizar sus aportaciones y podría enfrentar créditos fiscales, recargos y actualizaciones.
Otros Criterios de la SCJN en la Misma Sesión del 3 de Agosto de 2026
La resolución sobre vivienda alterna al Infonavit no llegó sola. Ese mismo día, el Pleno resolvió otros tres asuntos relevantes para empresas y particulares. Por un lado, confirmó que las declaratorias de Área Natural Protegida son una modalidad válida a la propiedad, sin que ello active el derecho de audiencia previa del artículo 14 constitucional. Además, validó la constitucionalidad de las revisiones de gabinete previstas en la Ley del Seguro Social, al considerarlas un acto de molestia acorde al artículo 16 constitucional.
Adicionalmente, el Pleno fijó jurisprudencia obligatoria para que los tribunales colegiados asuman plenitud de jurisdicción al resolver sobre la suspensión en un juicio de amparo directo, cuando se declara fundada la omisión de la autoridad responsable. En conjunto, estas resoluciones muestran una sesión especialmente activa en materia de derechos económicos, sociales y procesales, con impacto directo en la relación entre empresas, autoridades y trabajadores.
Impacto en Empresas Paraestatales y en el Sector Energético
El origen del criterio en un asunto contra Pemex no es casualidad. Diversas empresas productivas del Estado y organismos paraestatales cuentan, desde hace décadas, con reglamentos internos que ofrecen prestaciones de vivienda alternas al Infonavit a su personal de confianza. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad y otras entidades del sector energético mantienen esquemas similares, heredados de contratos colectivos históricos. En consecuencia, estas entidades enfrentan ahora la misma exigencia de comparación documentada frente al régimen legal.
Del mismo modo, empresas privadas que operan bajo esquemas de outsourcing especializado o que heredaron reglamentos de personal de confianza de otras entidades públicas deben revisar su situación. Por consiguiente, no basta con argumentar que un esquema “siempre ha funcionado así”; la Corte exige ahora sustento técnico y comparativo, actualizado conforme a la realidad del mercado inmobiliario en cada región del país.
¿Qué Significa este Criterio para Empresas con Esquemas Propios de Vivienda?
Numerosas empresas mexicanas, sobre todo en los sectores energético, industrial y de servicios, ofrecen prestaciones de vivienda alternas al Infonavit como parte de sus paquetes de compensación. Sin embargo, muy pocas han documentado formalmente la equivalencia entre esos beneficios y el régimen legal. Por esta razón, el criterio de la SCJN representa un llamado urgente a la autoevaluación. De no hacerlo, la empresa queda expuesta a que un trabajador, en cualquier momento de la relación laboral o incluso después de la jubilación, reclame el pago retroactivo de aportaciones omitidas.
Además, la contingencia no se limita al ámbito laboral. También existe un riesgo fiscal relevante, pues el Infonavit puede determinar créditos por aportaciones omitidas con actualizaciones y recargos que crecen con el tiempo. Por su parte, el trabajador afectado conserva la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para exigir el reconocimiento de sus derechos, tal como ocurrió en el caso resuelto por el Pleno.
Prescripción y Plazos para Reclamar Aportaciones Omitidas
Conviene recordar que las acciones laborales relacionadas con prestaciones de seguridad social están sujetas a plazos de prescripción. Por regla general, la Ley Federal del Trabajo prevé un plazo de un año para exigir el cumplimiento de prestaciones derivadas de la relación laboral, contado a partir de que la obligación resultó exigible. No obstante, en materia de aportaciones al Infonavit, distintos criterios judiciales han matizado ese plazo, sobre todo cuando la omisión resulta continuada durante toda la relación de trabajo.
Por esa razón, una empresa no debe asumir que el paso del tiempo la protege automáticamente frente a reclamos como el resuelto por el Pleno. En cambio, conviene atender la contingencia de forma preventiva, antes de que un trabajador activo o jubilado decida exigir sus derechos ante los tribunales laborales.
Riesgos de Incumplimiento en Materia de Vivienda Alterna al Infonavit
Entre los principales riesgos que enfrenta una empresa sin la comparación documentada destacan los siguientes: créditos fiscales por aportaciones omitidas, actualizaciones y recargos acumulados, demandas laborales individuales o colectivas, y daño reputacional frente a inversionistas y autoridades. De igual manera, un esquema mal diseñado puede generar pasivos contingentes que afecten procesos de auditoría, fusiones o adquisiciones.
Por otro lado, las empresas que operan bajo contratos colectivos de trabajo deben revisar si sus cláusulas de vivienda cumplen con el estándar fijado por la Corte. En muchos casos, esas cláusulas se redactaron hace años, sin actualizar sus montos frente a la inflación o al costo real de la vivienda en México. Tal desactualización agrava el riesgo de que el beneficio resulte inferior al legal. Igualmente, en procesos de compraventa de empresas o fusiones, los pasivos contingentes por aportaciones omitidas suelen aparecer como hallazgos relevantes durante la debida diligencia laboral, lo que puede afectar el precio final de la operación. Por tanto, los equipos de fusiones y adquisiciones deberían incorporar este criterio como parte estándar de su lista de verificación antes de cerrar cualquier operación.
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Recomendaciones de Compliance Laboral para 2026
En primer lugar, toda empresa con prestaciones de vivienda alternas al Infonavit debería encargar una auditoría comparativa entre su reglamento interno y la Ley del Infonavit. Después, conviene documentar por escrito el análisis técnico que sustente la equivalencia de beneficios, con cifras actualizadas y criterios objetivos. Asimismo, resulta prudente revisar los contratos colectivos e individuales de trabajo para verificar que las cláusulas de vivienda reflejen montos vigentes y razonables.
Igualmente, conviene establecer un mecanismo interno de revisión periódica, de preferencia anual, que actualice los montos de las prestaciones alternas conforme evoluciona el costo de la vivienda. Finalmente, es recomendable capacitar al área de recursos humanos sobre este nuevo estándar jurisprudencial, de modo que cualquier prestación futura se diseñe conforme a los parámetros validados por la Corte. De lo contrario, la empresa seguirá expuesta a litigios como el que motivó esta resolución.
Qué Debe Contener un Reporte de Comparación de Prestaciones de Vivienda
Un reporte técnico de comparación debe incluir varios elementos concretos. Primero, un listado detallado de las prestaciones de vivienda vigentes en el reglamento interno de la empresa, con montos exactos y periodicidad de pago. Segundo, el cálculo de la aportación que correspondería conforme a la Ley del Infonavit para el mismo grupo de trabajadores, considerando su salario base de cotización. Tercero, una tabla comparativa que muestre, mes con mes, la diferencia entre ambos esquemas.
El reporte también debe identificar a los trabajadores cubiertos por el esquema alterno, distinguiendo entre personal de confianza, sindicalizado y jubilado. Los abogados laborales recomiendan actualizar este documento cada año fiscal, dado que los salarios mínimos y los topes de cotización cambian de forma periódica. Un reglamento vigente desde hace varios años probablemente ya no refleja las condiciones actuales del mercado de vivienda.
Las empresas con presencia en varias entidades federativas enfrentan un reto adicional: el costo de la vivienda varía enormemente entre regiones. Una prestación uniforme a nivel nacional podría resultar suficiente en algunas ciudades e insuficiente en otras, particularmente en zonas metropolitanas con alta demanda inmobiliaria. Documentar esa variación regional fortalece la defensa de la empresa ante cualquier revisión posterior, sea administrativa o judicial.
¿Cómo Actuar si tu Empresa Ofrece Prestaciones de Vivienda Alternas al Infonavit?
Si tu empresa cuenta con un esquema propio de vivienda, lo primero es reunir la documentación completa del beneficio: montos, periodicidad, población cubierta y condiciones de acceso. Después, conviene contrastar esa información contra lo que exigiría la Ley del Infonavit para el mismo grupo de trabajadores. En caso de detectar una brecha, la empresa puede optar por ajustar el esquema, complementarlo o migrar hacia las aportaciones ordinarias.
Por lo demás, esta revisión conviene realizarla con acompañamiento legal especializado, pues involucra normativa laboral, de seguridad social y, en ocasiones, fiscal.
ENLACE EXTERNO: Ley del Infonavit
ENLACE EXTERNO: Ley Federal del Trabajo, artículo 136
ENLACE EXTERNO: Comunicado de Prensa SCJN No. 108/2026
Adicionalmente, resulta útil revisar cómo otros criterios recientes de la Corte han modificado la relación entre empresas y autoridades.
ENLACE INTERNO: Ley de Amparo 2025: Guía Estratégica para Empresas en CDMX
ENLACE INTERNO: Certificación laboral para agroexportación + causales ambientales
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Conclusión
El criterio del Pleno marca un antes y un después para las prestaciones de vivienda alternas al Infonavit en México. A partir de ahora, ningún reglamento interno bastará por sí solo para eximir a una empresa de sus aportaciones legales. Por el contrario, cada esquema deberá demostrar, con datos objetivos, que ofrece beneficios equivalentes o superiores a los que exige la ley. Las empresas que actúen con anticipación reducirán su exposición a litigios, créditos fiscales y contingencias laborales. En cambio, quienes ignoren este criterio podrían enfrentar reclamos similares al que motivó la intervención de la Suprema Corte.
Preguntas Frecuentes
¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre las prestaciones de vivienda alternas al Infonavit?
El Pleno determinó que estas prestaciones deben compararse expresamente contra la Ley del Infonavit y el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al Amparo en Revisión 633/2026 resuelto el 3 de agosto de 2026.
¿Puede una empresa eximirse de aportar al Infonavit si ofrece vivienda por su cuenta?
Solo si demuestra, con datos objetivos, que su esquema ofrece beneficios iguales o mayores a los legales. De lo contrario, permanece obligada a las aportaciones conforme a la Ley del Infonavit y el artículo 123 constitucional.
¿Qué empresas deben revisar sus prestaciones de vivienda alternas al Infonavit?
Cualquier empresa con reglamentos internos, contratos colectivos o esquemas propios que sustituyan las aportaciones legales, especialmente en sectores energético, industrial y de servicios con alta rotación de personal.
¿Qué riesgos enfrenta una empresa sin esta comparación documentada?
Créditos fiscales por aportaciones omitidas, recargos, actualizaciones, demandas laborales y pasivos contingentes que pueden afectar auditorías o procesos de fusión, conforme al criterio fijado por el Pleno.
¿Qué pasó con el caso concreto que resolvió la Corte?
El Pleno revocó la sentencia del tribunal colegiado y devolvió el asunto para que se emita una nueva resolución, aplicando el parámetro comparativo entre el reglamento de Pemex y la Ley del Infonavit.
¿Dónde puedo consultar el criterio completo de la Suprema Corte?
El criterio se encuentra en el Comunicado de Prensa No. 108/2026 de la SCJN y en el expediente del Amparo en Revisión 633/2026, resuelto en sesión de Pleno del 3 de agosto de 2026.
Referencias Jurídicas
- Comunicado de Prensa SCJN No. 108/2026, 3 de agosto de 2026.
- Amparo en Revisión 633/2026, Pleno de la SCJN.
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- Ley Federal del Trabajo, artículos 136 y 516.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XII.
Este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría legal formal ni establece relación abogado-cliente.
by paulina@baraibar.com.mx | Jun 3, 2026 | Derecho Constitucional, Derecho Corporativo
Baráibar & Asociados | Análisis Jurídico Estratégico
La reforma a la Ley de Amparo 2025, publicada el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, redibujó la defensa constitucional en México. Toda empresa con operaciones en Ciudad de México necesita entender el alcance real de estos cambios antes de su próximo conflicto con una autoridad fiscal o administrativa.
No se trata de ajustes técnicos. Se trata de un giro estructural en el juicio de amparo: materia fiscal, suspensiones del acto reclamado, digitalización judicial y aplicación retroactiva. Las empresas que no actualicen su estrategia legal quedarán expuestas a riesgos que, hace seis meses, eran defendibles sin contratiempo.
En Baráibar & Asociados analizamos el decreto y su impacto operativo para empresas, inmobiliarias y corporativos en CDMX. Esta guía explica los puntos críticos, los riesgos ocultos y las decisiones estratégicas que tu compañía debería tomar este trimestre.
¿Qué cambió con la reforma a la Ley de Amparo de 2025?
El decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Entró en vigor el 17 de octubre de 2025, un día después de su publicación en el DOF, y desde entonces aplica a todo procedimiento de amparo iniciado a partir de esa fecha, así como —de forma controvertida— a ciertos asuntos en trámite.
La reforma se sostiene sobre cuatro ejes: digitalización del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, restricción del amparo en materia fiscal, modificación de las reglas de suspensión del acto reclamado y un transitorio retroactivo que la mayoría de constitucionalistas considera abiertamente inconstitucional.
Cada eje tiene consecuencias directas para empresas en CDMX. La digitalización obliga a contar con representación legal habilitada en el portal electrónico. La restricción fiscal cierra puertas que durante décadas protegieron a contribuyentes contra créditos firmes. Las nuevas reglas de suspensión amplían las exenciones para entes públicos. El transitorio retroactivo abre, además, una ventana de litigio constitucional que solo despachos especializados están preparados para aprovechar.
Digitalización judicial obligatoria: el nuevo Portal de Servicios del PJF
La reforma privilegia el expediente electrónico como vía principal del juicio de amparo. Las autoridades responsables, los terceros interesados y los promoventes deben operar a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. La presentación física de promociones deja de ser regla y pasa a ser excepción reservada a casos muy específicos.
Por lo tanto, las notificaciones electrónicas adquieren plena validez procesal y los plazos comienzan a correr desde la consulta o la presunción legal de consulta. Además, las autoridades responsables deben digitalizar actuaciones, expedientes administrativos y constancias que antes se exhibían en papel, lo cual acelera el proceso pero también lo vuelve menos perdonable con los descuidos.
En consecuencia, una empresa moderna necesita un despacho con certificados FIEL vigentes, infraestructura interna para recibir notificaciones electrónicas y un protocolo claro de seguimiento procesal digital. Un retraso de cuarenta y ocho horas en revisar el portal puede traducirse en preclusiones, multas o pérdida de instancias. Las empresas que aún operan con prácticas tradicionales enfrentan un riesgo operativo mayor incluso que el riesgo de fondo del propio asunto.
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Restricciones al amparo en materia fiscal: el escudo se redujo
El cambio más severo para las empresas es la restricción al amparo contra créditos fiscales firmes. Antes, una compañía podía impugnar el fondo de un crédito incluso después de quedar firme, alegando violaciones sustantivas durante la ejecución. Ese margen, históricamente, salvó a empresas con adeudos millonarios derivados de revisiones del SAT mal sustentadas.
Hoy, el juicio de amparo sólo procede contra actos de ejecución o cobro, hasta la publicación de la convocatoria de remate, y únicamente por violaciones ocurridas dentro del procedimiento administrativo de ejecución. La materia se acotó a errores procesales del cobro, no al crédito original. El fondo ya no se discute en esa última etapa.
Por consiguiente, la estrategia tradicional de impugnar al final del camino quedó cancelada. Si la empresa no defendió correctamente desde la determinación del crédito —o desde el recurso de revocación, o desde el juicio contencioso administrativo— su margen posterior se reduce a vicios procedimentales casi siempre menores y rara vez decisivos.
Cómo era antes de la reforma
Antes del 17 de octubre de 2025, los contribuyentes podían combatir vía amparo indirecto un crédito fiscal firme cuando detectaban violaciones constitucionales no advertidas oportunamente. Ese amparo era, en la práctica, una segunda oportunidad para empresas con créditos millonarios o con resoluciones impugnables por inconstitucionalidad sobrevenida. La SCJN había construido criterios consistentes que mantenían viva esa puerta de protección constitucional efectiva.
Qué cambió y cuándo procede el amparo ahora
Sin embargo, la reforma limita esa segunda oportunidad. El amparo procede únicamente contra el procedimiento de ejecución, no contra el fondo del crédito. Además, debe promoverse antes de la publicación de la convocatoria de remate, no después. En conclusión, las empresas con créditos en revisión deben actuar ahora, antes de que sus asuntos entren a etapa firme y se queden sin protección constitucional real.
Suspensión del acto reclamado: nuevas reglas que afectan a empresas
La suspensión es el mecanismo que evita que una autoridad ejecute un acto mientras se resuelve el amparo. Sin suspensión, no hay amparo útil. La reforma modificó dos puntos clave de este mecanismo: el otorgamiento de garantías y las exenciones para entes públicos, dos engranajes que sostienen toda estrategia de defensa empresarial seria.
Por una parte, los criterios para conceder la suspensión se endurecieron en materia fiscal, financiera y administrativa. El juez de distrito ahora exige mayor evidencia de apariencia del buen derecho, daño irreparable e interés social. Por otra parte, los entes públicos, organismos descentralizados y empresas estatales obtuvieron exenciones que les facilitan suspender actos reclamados sin entregar garantía económica.
En la práctica, esta combinación crea una asimetría procesal incómoda: el sector privado debe demostrar más para suspender, mientras que el sector público accede a la suspensión con menos requisitos. Las empresas que litigan contra autoridades o contra empresas productivas del Estado enfrentan un terreno más inclinado que hace apenas dos años.
Garantías, excepciones y márgenes de defensa
Por lo tanto, las empresas necesitan acreditar de forma reforzada cada uno de los requisitos de la suspensión: apariencia del buen derecho, daño irreparable e inexistencia de perjuicio al orden público o al interés social. Un escrito mal sustentado puede negar la suspensión y exponer a la compañía a embargos, clausuras o congelamiento de cuentas bancarias. En consecuencia, la calidad técnica del despacho importa más que nunca, y la diferencia entre un litigio amateur y uno premium se mide en garantías efectivamente otorgadas.
Retroactividad: el transitorio que generó alarma constitucional
El punto más controvertido de la reforma es un transitorio de última hora que permite aplicar los cambios a juicios iniciados antes de su entrada en vigor. La Constitución mexicana prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de leyes en perjuicio de persona alguna en su artículo 14. Pocas reglas son tan claras y tan antiguas en nuestro orden jurídico nacional.
Por consiguiente, este transitorio es, a juicio de la mayoría de constitucionalistas, abiertamente inconstitucional. Empresas con amparos en trámite enfrentan ahora la posibilidad de que sus reglas procesales cambien a mitad del juicio. Esto rompe la seguridad jurídica que sostiene cualquier estrategia de defensa empresarial seria y desincentiva la inversión.
Sin embargo, la inconstitucionalidad del transitorio abre, paradójicamente, una vía estratégica: combatir directamente la aplicación retroactiva mediante un nuevo amparo. Ese litigio puede convertirse en jurisprudencia y proteger a todas las empresas en situación similar. Además, los despachos premium están construyendo precedentes en distintos circuitos para impugnar este transitorio. Las primeras resoluciones esperadas en el segundo semestre de 2026 marcarán la pauta para todo el sector empresarial mexicano.
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Impacto en la estrategia de defensa empresarial: del litigio al cabildeo
La reforma ha provocado un cambio de paradigma en la defensa corporativa. Las empresas que históricamente confiaban en el amparo como muro de contención están explorando otras vías. El cabildeo institucional, la mediación administrativa, el arbitraje internacional y la negociación con autoridades se han vuelto piezas obligadas de la estrategia legal moderna.
No obstante, eso no significa que el litigio constitucional haya muerto. Significa que ya no puede improvisarse. Cada acción debe pensarse desde la prevención y desde el primer acto de autoridad, no al final del expediente. La planeación legal sustituye a la reacción legal y los consejos de administración deben actualizar su matriz de riesgos.
Litigio estratégico aún viable
El juicio de amparo sigue siendo la herramienta más potente del derecho mexicano. Sin embargo, exige preparación impecable, prueba documental robusta y un equipo legal con experiencia constitucional probada. Las empresas que sigan tratando el amparo como recurso de último momento perderán; las que lo integren en su gobierno corporativo y en su matriz de cumplimiento, ganarán márgenes de defensa decisivos.
Arbitraje y mediación como alternativas
Por otra parte, el arbitraje internacional y la mediación administrativa permiten resolver disputas fuera del sistema judicial. Estas vías ganan terreno en sectores corporativos, energéticos, inmobiliarios y de tecnología. Además, ofrecen previsibilidad, confidencialidad y rapidez que los tribunales mexicanos no garantizan, sobre todo en un entorno judicial en plena reconfiguración.
¿Qué deben hacer las empresas en CDMX? Checklist preventivo
Ante un cambio normativo de este tamaño, la prevención supera por mucho a la reacción. Las empresas en Ciudad de México deben revisar inmediatamente sus contratos, su exposición fiscal y su mapa de litigios activos. Además, deben actualizar el modelo de defensa con su despacho de cabecera y comunicar al consejo el nuevo escenario.
- Auditar todos los créditos fiscales en revisión o por determinarse antes de que entren a etapa firme.
- Revisar las cláusulas arbitrales y de jurisdicción de los contratos vigentes con proveedores, socios y autoridades.
- Fortalecer el área de compliance interno y los protocolos de respuesta inmediata ante actos de autoridad.
- Solicitar al despacho un análisis específico de cómo el transitorio retroactivo afecta cualquier amparo en curso.
- Actualizar el mapa de riesgos legales del consejo de administración con foco en materia fiscal y administrativa.
Por último, conviene establecer un canal directo de comunicación con un despacho especializado en amparo y litigio constitucional. La rapidez de respuesta, en este nuevo entorno, vale tanto como la calidad técnica del escrito.
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Conclusión: una nueva etapa para la defensa constitucional mexicana
La reforma a la Ley de Amparo 2025 marca el inicio de una etapa distinta para el derecho empresarial mexicano. La protección constitucional sigue existiendo, pero exige sofisticación, anticipación y un acompañamiento legal de nivel boutique. El amparo dejó de ser un recurso reactivo y se transformó en una pieza de estrategia preventiva.
Las empresas que tomen acción este trimestre estarán mejor posicionadas frente al SAT, al Poder Judicial y a las autoridades administrativas. Las que esperen, descubrirán que el escudo que daban por seguro se ha reducido y que reconstruirlo a destiempo cuesta mucho más que prevenirlo a tiempo.
Preguntas frecuentes sobre la reforma a la Ley de Amparo 2025
¿Cuándo entró en vigor la reforma a la Ley de Amparo de 2025?
La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025 y entró en vigor el 17 de octubre del mismo año, conforme al artículo Primero Transitorio del decreto. Aplica a todo procedimiento iniciado desde esa fecha y, de forma controvertida, también a ciertos asuntos en trámite por disposición transitoria.
¿La reforma a la Ley de Amparo aplica retroactivamente a juicios en trámite?
Sí, conforme a un transitorio cuestionado por inconstitucional bajo el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de persona alguna. Las empresas con amparos vigentes pueden impugnar esa aplicación mediante un nuevo juicio constitucional, lo cual está generando precedentes valiosos en circuitos especializados.
¿Qué cambios fiscales trajo la reforma a la Ley de Amparo?
El amparo contra créditos fiscales firmes se restringe a actos de ejecución o cobro, hasta la publicación de la convocatoria de remate, y solo por violaciones del procedimiento de ejecución, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo reformada. Se cierra la puerta a impugnar el fondo del crédito original.
¿Mi empresa puede seguir promoviendo amparo contra resoluciones del SAT?
Sí, pero el momento procesal correcto se adelantó. Conviene promover amparo desde la determinación del crédito, el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, no al final. Después de la firmeza, el amparo procede solo contra vicios de ejecución, lo cual reduce significativamente el margen de defensa real.
¿Qué es la suspensión del acto reclamado y cómo cambia con la reforma?
Es la medida cautelar que impide ejecutar el acto mientras se resuelve el amparo, regulada en el artículo 128 de la Ley de Amparo. La reforma endurece los requisitos para particulares y amplía exenciones de garantía para entes públicos, generando una asimetría procesal que exige escritos técnicamente reforzados por parte de las empresas.
¿Qué alternativas tiene mi empresa si el amparo se restringe?
Las principales son el arbitraje comercial nacional o internacional, la mediación administrativa, el cabildeo institucional y la negociación con autoridades. Adicionalmente, una estrategia preventiva de compliance fiscal, contratos y gobierno corporativo reduce la necesidad de litigar. El amparo sigue vigente, pero como herramienta integrada, no como recurso único.
Referencias jurídicas
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma DOF, 16 de octubre de 2025). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14, 103 y 107. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buscador Jurídico de Tesis y Jurisprudencia. https://bj.scjn.gob.mx/
Diario Oficial de la Federación, edición del 16 de octubre de 2025. https://www.dof.gob.mx/
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