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Ley General de Feminicidio

General Law on Femicide

by | Jul 28, 2026 | Criminal law

Esta Ley avanza en el Congreso mexicano como la respuesta legislativa más ambiciosa frente a un delito que hasta hoy se castiga de forma desigual en cada estado. Por primera vez, el país tendrá criterios homologados de investigación, sanción y reparación del daño. Además, la iniciativa llega acompañada de penas de hasta 70 años de prisión y de un catálogo amplio de agravantes. Para despachos, empresas y organizaciones civiles, entender el alcance de esta reforma ya no es opcional. Este artículo explica su origen constitucional, su contenido normativo y el calendario legislativo previsto para agosto de 2026. Asimismo, se revisan las implicaciones prácticas para quienes operan en Ciudad de México y en el resto del país, desde despachos hasta áreas corporativas de cumplimiento.

1. ¿Qué es la Ley General de Feminicidio y por qué surge ahora?

Es la legislación que el Congreso de la Unión debe expedir para unificar los tipos penales, las sanciones y los protocolos de investigación del feminicidio en todo el territorio nacional. Actualmente, cada entidad federativa define el delito de manera distinta, lo cual genera criterios dispares y, en consecuencia, impunidad en muchos casos. Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso, el 15 de julio de 2026, una iniciativa de 62 artículos y 12 transitorios distribuidos en cinco títulos.

Dicha iniciativa no nace de manera aislada. Antes bien, responde a años de exigencia social y a recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo, se apoya en cifras oficiales que documentan un patrón persistente de violencia feminicida en varias regiones del país. De igual manera, busca cerrar espacios de interpretación que hoy permiten confundir un feminicidio con un homicidio doloso simple, con las consecuencias procesales que ello implica.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en distintos informes que la falta de homologación normativa en México favorece la impunidad estructural. Por lo tanto, la nueva ley busca también atender observaciones internacionales pendientes desde hace más de una década. Cabe destacar que el mecanismo elegido, una ley general y no una simple reforma al Código Penal Federal, obliga a todas las entidades federativas a adoptar el mismo piso normativo, sin excepción.

2. Antecedentes: la reforma constitucional al artículo 73

El fundamento jurídico de esta ley no apareció de un día para otro. En abril de 2026, el Senado aprobó por unanimidad, con 119 votos, una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia de feminicidio como ley general. Posteriormente, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto correspondiente el 6 de mayo de 2026, y este entró en vigor al día siguiente.

A partir de esa fecha, el Congreso cuenta con 180 días naturales para expedir la legislación secundaria. En consecuencia, el plazo vence a inicios de noviembre de 2026, lo cual explica la celeridad con la que avanza el proceso legislativo actual. Cabe destacar que este mecanismo de “ley general” ya se utiliza en México para otros delitos de alto impacto, como el secuestro y la desaparición forzada, precisamente porque permite establecer un piso mínimo de protección aplicable en los 32 estados.

Este mismo modelo normativo ha demostrado resultados mixtos en el pasado. Por ejemplo, la Ley General en materia de Desaparición Forzada, vigente desde 2017, logró unificar protocolos de búsqueda, aunque su implementación estatal siguió siendo desigual por falta de presupuesto. En consecuencia, los especialistas anticipan que el verdadero reto de la Ley General de Feminicidio no será su aprobación legislativa, sino su instrumentación efectiva en fiscalías con capacidades técnicas y financieras muy distintas entre sí.

 

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3. Contenido clave de la Ley General de Feminicidio: sanciones y agravantes

La propuesta enviada al Senado contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quien cometa feminicidio. Además, introduce sanciones que van más allá de la privación de la libertad, entre ellas la pérdida de la patria potestad sobre hijos en común y la pérdida de derechos sucesorios respecto de los bienes de la víctima.

Penas de prisión y circunstancias agravantes

El proyecto contempla diecinueve circunstancias agravantes que incrementan la pena hasta en una mitad. Por ejemplo, se agravará el delito cuando la víctima estuviera embarazada, tuviera alguna discapacidad, ejerciera el periodismo, fuera defensora de derechos humanos o se encontrara en situación de movilidad. De esta manera, la ley busca reconocer contextos de vulnerabilidad que agravan la responsabilidad penal del agresor.

Otras agravantes contempladas incluyen la relación de parentesco o confianza entre víctima y agresor, el uso de violencia sexual previa, y la exposición pública del cuerpo de la víctima con fines de intimidación. Por su parte, los jueces deberán motivar de forma expresa cada agravante aplicado, lo cual busca evitar criterios discrecionales que hoy generan sentencias contradictorias entre circuitos judiciales distintos.

Igualmente relevante resulta la imprescriptibilidad del delito. En otras palabras, el paso del tiempo no extinguirá la posibilidad de investigar, sancionar o exigir justicia, ni tampoco la obligación de reparar el daño. Esta característica coloca al feminicidio en la misma categoría que otros delitos que el derecho internacional considera de especial gravedad.

Reparación integral del daño y pérdida de derechos

Por su parte, el título cuarto de la iniciativa regula los derechos de las víctimas indirectas y el mecanismo de reparación integral. Este mecanismo contempla componentes económicos, psicológicos y simbólicos, alineados con estándares interamericanos de derechos humanos. Sin embargo, la ley también exige que las fiscalías estatales cuenten con protocolos de investigación obligatorios y homogéneos, lo cual representa un reto operativo considerable para procuradurías con recursos limitados.

También, se prevé la creación de un registro nacional de casos de feminicidio, con información desagregada por entidad y por tipo de agravante. Este registro permitiría, en teoría, medir con mayor precisión la efectividad de las fiscalías y detectar patrones regionales de violencia. No obstante, especialistas en política pública advierten que un registro nacional solo será útil si cuenta con presupuesto etiquetado y mecanismos reales de rendición de cuentas.

4. Cronología legislativa: del Senado a la votación final

El proceso legislativo ha avanzado en etapas bien definidas. Primero, en abril de 2026, el Pleno del Senado aprobó la reforma constitucional habilitante. Después, en mayo, el Ejecutivo publicó el decreto en el DOF. Enseguida, el 15 de julio, la presidenta envió la iniciativa de ley general propiamente dicha. Finalmente, el 22 de julio, el Senado inició el análisis formal en comisiones, y el 29 de julio la Comisión para la Igualdad de Género aprobó la ruta crítica de discusión.

De acuerdo con el calendario legislativo difundido por el propio Senado, el dictamen final se elaborará entre el 25 y el 30 de agosto de 2026. Por lo tanto, aún no existe una ley general vigente al momento de esta publicación; lo que existe es una reforma constitucional en vigor y una iniciativa en discusión avanzada. No obstante, dado el respaldo político con el que cuenta la propuesta, es previsible que el Congreso concluya el proceso dentro del plazo constitucional de 180 días.

Vale la pena recordar que el plazo constitucional vence a inicios de noviembre de 2026. Por consiguiente, incluso si el Senado aprueba el dictamen a finales de agosto, todavía restará la discusión y votación en la Cámara de Diputados, así como el proceso de publicación en el DOF. En este sentido, resulta razonable estimar que la ley general entre en vigor entre septiembre y noviembre de 2026, salvo que surjan controversias que retrasen el dictamen.

5. Impacto para empresas, instituciones y sociedad civil

La nueva ley no solo interesa a fiscalías y tribunales. Las empresas, especialmente aquellas con áreas de cumplimiento, recursos humanos y responsabilidad social corporativa, también deberán revisar sus protocolos internos. Por ejemplo, los mecanismos de atención a víctimas de violencia de género dentro del entorno laboral tendrán que alinearse con los nuevos estándares de homologación.

Así mismo las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con fiscalías en la atención a víctimas necesitarán actualizar sus protocolos de canalización. Asimismo, los despachos jurídicos que representan a víctimas o a personas imputadas deberán familiarizarse con los nuevos tipos penales y agravantes, dado que estos modificarán la estrategia procesal en cada caso. Por su parte, las áreas de comunicación corporativa deberán cuidar el lenguaje institucional al abordar públicamente este tema, evitando la revictimización.

También conviene mencionar a las aseguradoras y a las administradoras de fondos de pensiones, dado que la pérdida de derechos sucesorios prevista en la ley afectará directamente los procesos de sucesión de bienes y de pago de seguros de vida en casos de feminicidio. Del mismo modo, las instituciones bancarias que gestionan fideicomisos familiares deberán prever protocolos internos para atender estos escenarios conforme a la nueva legislación.

 

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6. ¿Qué deben hacer las empresas para prepararse ante la nueva ley?

En primer lugar, conviene realizar una auditoría de los protocolos internos de atención a la violencia de género, incluyendo canales de denuncia y rutas de acompañamiento psicológico. Adicionalmente, es recomendable capacitar a las áreas de recursos humanos y de cumplimiento sobre los nuevos tipos penales, agravantes y plazos de imprescriptibilidad que introduce la reforma.

Un tercer punto, con frecuencia subestimado, consiste en revisar las pólizas de seguro de vida y los fideicomisos corporativos que puedan verse afectados por la pérdida de derechos sucesorios del agresor. Los comités de ética empresarial, por su parte, deberían incorporar explícitamente el feminicidio y sus agravantes dentro de los códigos de conducta interna, sobre todo en organizaciones con operación en varios estados.

Recomendaciones específicas para el sector privado

Por ejemplo, las empresas con presencia en varios estados deberán homologar sus políticas internas conforme al nuevo estándar federal, en lugar de replicar criterios estatales dispersos. También resulta prudente revisar los contratos de prestación de servicios con terceros, sobre todo cuando existan cláusulas relacionadas con protocolos de seguridad o de atención a incidentes de violencia. Finalmente, es aconsejable mantener comunicación con asesores legales especializados, de manera que la organización pueda anticipar reformas a leyes secundarias, como el Código Penal Federal y los códigos penales estatales.

7. Comparación con la legislación penal vigente

Hoy, el feminicidio ya está tipificado en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos estatales. Sin embargo, las penas, los elementos del tipo y los agravantes varían considerablemente entre entidades. Por ejemplo, algunos estados contemplan penas máximas de 45 o 50 años, mientras que otros no reconocen ciertas circunstancias agravantes que la nueva ley sí incorporará.

Por su parte, la Ley General de Feminicidio busca eliminar precisamente esa dispersión normativa. De este modo, una vez vigente, funcionará como piso mínimo obligatorio para todas las legislaciones locales, las cuales deberán armonizarse en un plazo determinado por los artículos transitorios. Cabe destacar que esta armonización no ocurrirá de manera automática, sino que exigirá reformas específicas en cada congreso estatal.

Estados con códigos penales más rezagados en la materia probablemente enfrentarán mayor presión legislativa y presupuestal para cumplir el nuevo estándar federal a tiempo.

🔗 ENLACE INTERNO: hecho delictivo en órdenes de aprehensión → https://baraibar.com.mx/hecho-delictivo-en-ordenes-de-aprehension-y-vinculacion-a-proceso/

🔗 ENLACE INTERNO: principio de inmediación penal → https://baraibar.com.mx/principio-de-inmediacion-penal-garantia-de-un-juicio-justo/

🔗 ENLACE EXTERNO: Decreto DOF, reforma al artículo 73 constitucional → https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5786617&fecha=06%2F05%2F2026

🔗 ENLACE EXTERNO: Comunicado oficial del Senado sobre la reforma constitucional → https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/14975-el-pleno-del-senado-de-la-republica-aprueba-reforma-constitucional-para-combatir-el-feminicidio

 

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Conclusion

La Ley General de Feminicidio representa un cambio estructural en la manera en que México investiga y sanciona este delito. Todavía falta la votación final, prevista para finales de agosto de 2026, pero el rumbo legislativo ya está trazado. Por lo tanto, anticiparse a sus efectos, tanto en el ámbito penal como en el corporativo, resulta la estrategia más prudente para despachos, empresas y organizaciones sociales.

Mientras el Congreso concluye el dictamen, conviene revisar protocolos internos, actualizar políticas de recursos humanos y capacitar a los equipos legales sobre los nuevos tipos penales y agravantes. De lo contrario, las organizaciones podrían enfrentar contingencias legales o reputacionales una vez que la ley entre en vigor. En Baráibar & Asociados damos seguimiento puntual a este proceso legislativo para mantener informados a nuestros clientes y anticipar cada fase de su implementación.

Preguntas frecuentes sobre la Ley General de Feminicidio

¿Qué es la Ley General de Feminicidio? Es la legislación que homologará los tipos penales, sanciones y protocolos de investigación del feminicidio en todo México, con fundamento en la reforma al artículo 73 constitucional publicada en el DOF el 6 de mayo de 2026.

¿Cuáles son las penas que propone la nueva ley? La iniciativa contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de la pérdida de la patria potestad y de derechos sucesorios, conforme al proyecto de 62 artículos enviado al Senado el 15 de julio de 2026.

¿Cuándo entrará en vigor la Ley General de Feminicidio? Aún no tiene fecha exacta. El dictamen final se prepara entre el 25 y el 30 de agosto de 2026, dentro del plazo de 180 días que marca el artículo transitorio de la reforma constitucional.

¿La ley aplica igual en todos los estados? Sí, ese es su propósito. Una vez vigente, funcionará como piso mínimo obligatorio, por lo que los códigos penales estatales deberán armonizarse conforme a los artículos transitorios correspondientes.

¿Las empresas ante esta reforma, qué deben hacer ? Conviene revisar protocolos de atención a la violencia de género, capacitar a recursos humanos y actualizar políticas internas, en línea con el nuevo estándar homologado que propone la iniciativa federal.

¿El feminicidio prescribe conforme a la nueva ley? No. La iniciativa establece expresamente que el delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, de manera que el paso del tiempo no impedirá investigar ni sancionar el caso.

Legal references

  • Diario Oficial de la Federación, Decreto de reforma al artículo 73 constitucional, 6 de mayo de 2026.
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXI, inciso a).
  • Código Penal Federal, Libro Segundo, Título Decimonoveno, Capítulo V (feminicidio).
  • Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, presentada el 15 de julio de 2026.

This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.

 

Regularización de Concesiones de Agua: Guía Esencial 2026 para Empresas en México

Water Concession Regularization: Essential Guide 2026 for Companies in Mexico

by | Jul 18, 2026 | Administrative Law

The regularization of national water concessions formally began on July 16, 2026, one day after the publication of the corresponding agreement in the Official Gazette of the Federation. Signed by the Director General of the National Water Commission, Efraín Morales López, the instrument opens a twelve-month window for individuals, ejidos (communal landholdings), municipalities, and irrigation districts to bring their expired water rights up to date between 2009 and July 2026. However, this opportunity comes with concrete risks: those who do not act within the deadline could face the expiration of unused water volumes. Therefore, understanding the true scope of the agreement is essential for any company with operations that depend on water resources in Mexico.

What does the water concession regularization agreement establish?

The instrument published on July 15, 2026, implements temporary administrative simplification measures. It applies to concession and allocation titles whose validity expired between January 1, 2009, and the agreement's entry into force. The condition is that the interested party had not requested an extension, or had submitted it after the deadline. The measures cover domestic, urban public, agricultural, livestock, and aquaculture uses. Agro-industrial use is expressly excluded, in accordance with Article 2, Section 17, of the Regulations of the National Water Law.

Línea de tiempo del acuerdo de regularización de concesiones de agua 2026-2027

Twelve months of validity: from July 16, 2026 to July 15, 2027.

Regarding the beneficiaries, the agreement distinguishes three profiles. Irrigation districts, irrigation units, and ejidos (communal landholdings) can regularize their water usage without volume limits. Similarly, state and municipal governments that directly provide water services are exempt from volume limits. Individuals, however, have a limit of one million cubic meters per year. It is worth noting that this scheme aligns with the 2024-2030 National Water Plan, whose fourth pillar seeks comprehensive and transparent water management.

The program's legal basis is anchored in Article 24 of the National Water Law, which regulates concession extensions, and in the law's regulations. For its part, the authority justifies the measure as a direct response to what it has termed the "black market" for water rights, that is, the informal transfer of rights without the knowledge or control of the National Water Commission (Conagua).

🔗 EXTERNAL LINK: See the full agreement in the Official Gazette of the Federation (DOF) → https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5793639&fecha=15/07/2026

Requirements to access the regularization of water concessions

Thirteen requirements are necessary to qualify for the program, and none are optional. Among the most important are having a property in operation for the last two years, having a meter installed, and being up-to-date on payments for the last five fiscal years. Additionally, the applicant must not have any pending administrative sanction proceedings related to the property title they intend to regularize.

This documentary requirement is not accidental. Consequently, the Federal Government seeks to regulate the concession system and reduce the informal market for permits to extract groundwater. Centralized control falls to Conagua through the National Public Water Registry, which will compile information on ownership, authorized volumes, and actual water use reported by each concession holder.

Minimum recommended documentation

  • Certified copy of the original concession or assignment title
  • Proof of payment of fees for the last five fiscal years
  • Photographic and technical evidence of the capture work in operation
  • Certificate of no outstanding debt with the National Water Commission
  • Report of extracted volumes, when a meter is installed.

In practice, several errors delay the process: submitting the title without proof of payment for the last five years, or failing to report that the water intake structure has changed location without formal registration with Conagua (the National Water Commission). For example, if the authority detects inconsistencies between the reported volume and the actual usage observed in the field, the process can be suspended until the discrepancy is clarified. Therefore, it is advisable to gather all the necessary documentation from the beginning, rather than waiting for a later request.

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Risk of expiration if the regularization of water concessions is not addressed in time

Anyone who chooses to ignore this administrative window faces a quantifiable risk. The agreement instructs Conagua to verify, for two years after its entry into force, the actual use of the allocated water volumes. For its part, the authority will conduct reconciliation processes to adjust the authorized volume to the volume actually used, taking into account national water security and the marginalization index of the populations involved.

For businesses, this means that unused water rights could be subject to expiration. Therefore, it is crucial to maintain robust documentation regarding water usage, metering, and timely payment of fees. If the entire allocated volume is not used, companies can also initiate procedure CONAGUA-01-019 to interrupt the expiration of the rights corresponding to the unused volumes.

Let's consider the case of a medium-sized agro-industrial plant that was granted a specific water allocation a decade ago, but which today consumes only a fraction of that amount. Under the new system, that difference could be returned to the national water supply without any compensation. Therefore, conducting an internal audit of actual consumption becomes a preventative measure, not just an administrative one.

🔗 INTERNAL LINK: Learn how to defend yourself against acts of administrative authority → https://baraibar.com.mx/reforma-lfpca-2026/

Impact of the regularization of water concessions on industrial and infrastructure sectors

Although this first phase is aimed at non-industrial uses, its effects extend to sectors with higher water consumption. The December 2025 reform to the National Water Law replaced traditional mechanisms for transferring water rights with reassignment schemes subject to the direct intervention of the National Water Commission (Conagua). It also incorporated a national water reserve fund to reincorporate unused volumes and limited the validity of the water guarantee to a maximum of five years.

Tabla comparativa del régimen anterior y el nuevo régimen de concesiones de agua en México

The new scheme centralizes the reassignment of water rights in Conagua.

These measures have direct relevance for water-intensive manufacturing, mining, energy, and data center projects. Any water rights management for new developments must be processed directly with Conagua, with no option to acquire water volumes through private transfer of water rights with a change of use.

A concrete example illustrates the change. Before the reform, a manufacturing company could acquire additional water volumes by purchasing a water rights from another concessionaire, with a simple subsequent notification to Conagua (the National Water Commission). Today, however, that same operation requires demonstrating to the authority that the corresponding basin has actual water availability, which can considerably lengthen the planning time for a new industrial project.

Sectors with greater exposure to the new regime

  • Manufacturing and data centers: They require constant volumes and depend entirely on the direct allocation of Conagua.
  • Mining: It faces greater scrutiny under the new water crimes regime incorporated in the December 2025 reform.
  • Real estate development: You should verify the actual availability of water before committing to new projects.
  • Agribusiness: Although excluded from this first stage, it must anticipate future phases of sectoral regularization.

Therefore, legal and corporate compliance departments must incorporate this new regime into their water risk assessment before initiating any project that requires a new concession.

Implications for irrigation districts, communal lands, and agricultural operations

Irrigation districts, irrigation units, and ejidos are among the main beneficiaries of the agreement, as they can regularize their water titles without volume limits. However, this advantage does not exempt these entities from complying with the thirteen general requirements, including proof of an operational project for the past two years.

In practice, many irrigation districts operate infrastructure built decades ago, with documentation scattered across various agencies. Therefore, the first recommended step is to reconstruct the technical file for each permit before contacting Conagua directly. Otherwise, the lack of an organized file can prolong the process beyond what is expected.

Furthermore, the volume reconciliation stipulated in the agreement will take into account food security and the marginalization index of the beneficiary populations. Consequently, municipalities that directly provide drinking water services should take advantage of the absence of volume limits to regularize all of their supply sources, thus avoiding future disputes with the National Water Commission.

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Legal context: from the National Water Law to the General Water Law

For nearly three decades, the 1992 National Water Law regulated the granting of concessions under a primarily administrative approach, with little emphasis on tracing actual water use. However, this approach changed with the December 2025 reform, which substantially modified the National Water Law itself and gave rise to the new General Water Law.

The General Water Law, published on December 11, 2025, is based on a different premise: water is no longer understood as a mere commodity but is expressly recognized as a human right. This paradigm shift translates into concrete mechanisms, such as the national water reserve fund and the limitation of the guaranteed quota to five years.

In this context, the agreement to regularize water concessions serves as the first operational instrument of this new policy. It does not modify the existing legal framework, but it does put it into practice by offering a concrete administrative process for clearing the registry of expired permits. It is also worth noting that this transition coincides with a strengthening of the sanctions regime, aimed at penalizing unauthorized water extraction and the misuse of hydraulic infrastructure.

For businesses, understanding this regulatory evolution is not an academic exercise. How Conagua interprets and applies the water concession regularization agreement in the coming months will set the tone for the program's subsequent stages. Therefore, it is advisable to closely monitor the operational criteria that the authority publishes, rather than assuming that the text of the agreement contains all the relevant information for the process.

🔗 EXTERNAL LINK: Consult the current text of the General Water Law → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAg.pdf

How to prepare for the new water policy in Mexico

The regularization of water concessions should be understood as part of a broader policy of traceability and state control over water resources. For companies, this means proactively reviewing the status of each concession title and assessing the advisability of joining the program before its expiration on July 15, 2027.

Recommended steps before applying for regularization

  1. Internally audit all current or expired concession and allocation titles.
  2. Verify the installation and calibration of extraction meters.
  3. Gather proof of payment of fees for the last five fiscal years.
  4. Confirm that there are no open sanctioning procedures before Conagua.
  5. Submit the application with specialized legal support before the twelve-month period expires.

It is also advisable to review any pending concession, extension, or modification procedures, as the agreement allows for the registration of favorable resolutions issued since April 1, 2019, in the National Public Water Registry. Otherwise, the risk of losing unused volumes will increase as Conagua progresses with its verification processes.

🔗 INTERNAL LINK: Review the implications of the 2025 Amparo Law for companies in Mexico City → https://baraibar.com.mx/reforma-ley-de-amparo-2025-empresas-cdmx-2/

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Conclusion

The regularization of water concessions represents a limited-time opportunity, not a mere administrative formality. Those with permits that expired between 2009 and July 2026 must act within the twelve-month validity period of the agreement to avoid the expiration of unused water volumes. Furthermore, the new water traceability regime requires companies in all sectors to strengthen their documentation submitted to Conagua (the National Water Commission). Finally, having specialized legal support makes all the difference between taking advantage of the regularization window and facing costly expiration proceedings in the future.

Frequently asked questions about the regularization of water concessions

Who can access the regularization of water concessions in 2026?

Irrigation districts, irrigation units, ejidos, federal entities, municipalities and individuals with titles that expired between 2009 and July 2026 can access it, in accordance with the agreement published in the DOF on July 15, 2026 and article 24 of the National Water Law.

What happens if I don't regularize my concession within the deadline?

The unused volume may be subject to a declaration of forfeiture. Conagua will verify actual usage during the two years following the entry into force of the agreement, in accordance with the powers granted to it by the current National Water Law.

Does the agreement apply to industrial use concessions?

Not directly, since the agreement expressly excludes agro-industrial use volumes, in accordance with article 2, section 17, of the Regulations of the National Water Law, although the general traceability regime does affect industrial sectors.

How long does the regularization agreement remain valid?

It is valid for 365 calendar days starting on July 16, 2026, so the term ends on July 15, 2027, as established in the agreement itself published in the Official Gazette of the Federation.

What documents do I need to start the process with Conagua?

Among other documents, a certified copy of the title, proof of payment of fees for the last five fiscal years, evidence of the work in operation and proof of no debt are required, in accordance with the thirteen requirements set out in the agreement.

Can I avoid expiration if I don't use my entire allocated volume?

Yes, it is possible to initiate the CONAGUA-01-019 procedure to interrupt the expiration of rights related to unused volumes, provided that a justified cause is proven before the corresponding authority.

Legal references: Official Gazette of the Federation (July 15, 2026); National Water Law and its Regulations; General Water Law (DOF, December 11, 2025); National Water Plan 2024-2030.

This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.