by paulina@baraibar.com.mx | Oct 26, 2026 | Commercial Law
Saber si tienes un contrato mercantil o un contrato civil no es un detalle técnico. De esa respuesta depende el juez ante el que debes demandar, el procedimiento que se sigue y hasta la tasa de interés legal aplicable. A principios de septiembre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una resolución que frenó un reclamo de alrededor de 181 millones de dólares, precisamente porque se presentó por la vía civil cuando correspondía la mercantil.
En este artículo explicamos qué decidió la Corte, cómo distinguir ambos tipos de contrato y qué medidas conviene tomar para no perder un juicio antes de discutir el fondo.
¿Qué resolvió la Suprema Corte en el caso Kenchy Enterprise?
Según lo reportado por El CEO el 3 de septiembre de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió por unanimidad dos asuntos de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ambos derivan del litigio entre la empresa Kenchy Enterprise y la Cooperativa La Cruz Azul.
El origen del conflicto
De acuerdo con la nota, el contrato se refería a servicios de consultoría fiscal prestados desde 2003. Entre otras tareas, la empresa debía realizar gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que se reconociera una pérdida fiscal de la cooperativa en materia de impuesto sobre la renta. Con base en ese contrato, Kenchy reclamó alrededor de 181 millones de dólares.
La improcedencia de la vía civil
Originalmente, la demanda se presentó ante un juzgado civil de proceso oral de la Ciudad de México. Sin embargo, el juzgado declaró improcedente la vía civil y sostuvo que el asunto debía tramitarse como mercantil. Inconforme, Kenchy promovió amparo. Al resolverlo, la Suprema Corte consideró que la autoridad responsable clasificó correctamente el contrato y, en consecuencia, confirmó la improcedencia de la vía.
La condena en costas
En el segundo asunto, la Corte concedió el amparo a la cooperativa para que el juez civil determine si la empresa demandante debe pagar las costas del juicio. Así, además de no avanzar en su reclamo, la parte actora podría enfrentar el pago de los gastos del litigio.
¡Qué son las costas y por qué importan?
Las costas son los gastos y honorarios que una parte puede verse obligada a pagar a la otra al terminar un juicio. En materia mercantil, el artículo 1084 del Código de Comercio establece los supuestos en los que procede la condena. Así, antes de litigar, conviene evaluar no solo la probabilidad de ganar, sino también el costo de perder por una cuestión procesal.
¿Por qué importa a cualquier empresa?
Aunque el caso involucra montos excepcionales y a una institución muy conocida, la lección es general y aplica igual a una pequeña o mediana empresa. Elegir mal la vía puede hacer que una demanda se deseche sin que el juez analice si el reclamo era justo. Por eso, identificar desde el inicio si tienes un contrato mercantil es una decisión estratégica.
¿Qué es un contrato mercantil y qué lo distingue de uno civil?
En México conviven dos grandes regímenes de contratación: el mercantil, regulado principalmente por el Código de Comercio, y el civil, regulado por los códigos civiles. La diferencia no depende del nombre que las partes den al contrato, sino de la naturaleza del acto.
EXTERNAL LINK: Código de Comercio → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm
Los actos de comercio
El artículo 75 del Código de Comercio enumera los actos que la ley considera mercantiles. Entre ellos están las compras y ventas con propósito de especulación comercial, las operaciones bancarias, los títulos de crédito, las empresas de suministros, de comisiones y de agencias, y las operaciones entre comerciantes. Además, su última fracción incluye cualquier otro acto de naturaleza análoga, lo que obliga al juez a analizar cada caso.
La naturaleza de las partes y del propósito
Por regla general, un contrato mercantil se celebra con un fin de lucro dentro de una actividad empresarial organizada, ya sea de compra, venta, intermediación, financiamiento o prestación de servicios a otras empresas. En cambio, un contrato civil suele responder a necesidades personales o de consumo, sin propósito de especulación. Por ejemplo, el artículo 76 del Código de Comercio excluye de los actos de comercio las compras que se hacen para el uso o consumo del comprador.
El nombre del contrato no basta
Muchas empresas usan formatos con títulos genéricos, como “contrato de servicios” o “convenio de colaboración”. Sin embargo, el juez no se guía por ese título, sino por lo que realmente pactaron las partes y por la forma en que lo ejecutaron. Un mismo formato puede dar lugar a un contrato civil en un caso y a uno mercantil en otro.
Los actos mixtos
¿Qué pasa si el acto es mercantil para una parte y civil para la otra? El artículo 1050 del Código de Comercio resuelve la duda: en ese caso, la controversia se rige por las leyes mercantiles. Esta regla es clave para empresas que contratan con particulares o con entidades que no son comerciantes, como asociaciones civiles, cooperativas o profesionistas independientes, porque define desde el inicio el procedimiento aplicable a cualquier conflicto.
Señales de que estás ante un contrato mercantil
Antes de demandar, revisa estas señales. Si se presentan varias, es probable que se trate de un contrato mercantil:
- Al menos una de las partes es comerciante y actúa dentro de su giro.
- El objeto tiene un propósito de especulación o de lucro.
- Existen facturas, pedidos u otros documentos propios del comercio.
- El pago se documentó con títulos de crédito.
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¿Por qué elegir la vía correcta puede decidir un juicio?
En términos sencillos, la vía procesal es el camino que la ley prevé para resolver una controversia. Por lo tanto, si se elige la incorrecta, el juez no puede estudiar el fondo del asunto.
La procedencia de la vía se revisa de oficio
Desde hace años, la Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal que el juez debe estudiar de oficio, antes de resolver el fondo. Es decir, aunque la contraparte no lo alegue, el juez puede declarar improcedente la vía elegida.
Las consecuencias prácticas
Cuando se declara improcedente la vía, la demanda no prospera en ese procedimiento y el actor debe iniciar uno nuevo por la vía correcta. Mientras tanto, pasan meses o años, se generan gastos y, como mostró el caso comentado, puede surgir una condena en costas. Por lo tanto, un error inicial puede salir muy caro.
Diferencias prácticas entre un contrato mercantil y uno civil
Más allá del juez competente, la naturaleza del contrato tiene, además, efectos concretos en tu negocio. Estas son algunas diferencias relevantes:
Tasa de interés legal
Cuando las partes no pactan intereses, aplica la tasa legal. Para la materia mercantil, el artículo 362 del Código de Comercio fija un interés legal de 6% anual. En cambio, el artículo 2395 del Código Civil Federal prevé un interés legal de 9% anual.
EXTERNAL LINK: Código Civil Federal → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
Procedimientos disponibles
El Código de Comercio prevé juicios ordinarios, ejecutivos y orales mercantiles, según el tipo de documento y la cuantía. Por ejemplo, un pagaré permite acudir al juicio ejecutivo mercantil, que inicia con el requerimiento de pago y, en su caso, el embargo. Asimismo, los juicios orales mercantiles se reservan para ciertos montos que se actualizan cada año.
Tiempos y costos del litigio
Cada procedimiento tiene etapas, plazos y recursos distintos. Un juicio oral mercantil, por ejemplo, concentra las actuaciones en audiencias y suele resolverse con mayor rapidez que un juicio ordinario. Conocer estas diferencias te permite estimar mejor cuánto tiempo y cuántos recursos requerirá tu caso.
Jurisdicción concurrente
Las controversias mercantiles pueden presentarse ante jueces federales o locales, porque existe jurisdicción concurrente. En cambio, los asuntos civiles entre particulares corresponden, por regla general, a los tribunales locales. Esta diferencia permite diseñar estrategias distintas según el caso.
INTERNAL LINK: oposición de acreedores en fusiones empresariales → https://baraibar.com.mx/oposicion-de-acreedores-en-fusiones-empresariales/
[CITA PROPUESTA – PENDIENTE DE APROBACIÓN] De acuerdo con el Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador, Socio Director de Juicios Civiles, Mercantiles y Laborales de Baráibar Temblador y Asociados, “antes de presentar cualquier demanda revisamos la naturaleza del contrato y de las partes; esa decisión inicial define el juez, los plazos y, muchas veces, el resultado del juicio”.
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Ejemplos frecuentes de contrato mercantil en la vida de una empresa
Para aterrizar los conceptos, conviene revisar algunos contratos que las empresas firman todos los días. En la mayoría de los casos, se trata de un contrato mercantil, aunque siempre hay matices.
Suministro, distribución y comisión
Los contratos de suministro, distribución, comisión y agencia suelen considerarse mercantiles, porque el Código de Comercio los vincula expresamente con la actividad empresarial. Asimismo, la compraventa de mercancías para revenderlas es un acto de comercio típico.
Arrendamiento de inmuebles: un criterio que cambió
Durante años se consideró que el arrendamiento de inmuebles era siempre civil. Sin embargo, en agosto de 2023, la Primera Sala resolvió el amparo directo en revisión 172/2023 y reconoció que, según la naturaleza de la operación, también puede reclamarse por la vía mercantil. Con ello, se apartó de un criterio anterior y obligó a los jueces a analizar cada caso con la regla de analogía del artículo 75.
Títulos de crédito
Por su parte, los pagarés, cheques y letras de cambio son actos de comercio por disposición de la ley, aunque los firme una persona que no es comerciante. En consecuencia, su cobro se tramita en la vía mercantil, normalmente mediante el juicio ejecutivo.
Contratos de servicios profesionales: el caso más confuso
En la práctica, los contratos de servicios profesionales, como la consultoría o la asesoría, son los que más dudas generan. Tradicionalmente, la prestación de servicios profesionales se ha considerado un contrato civil. Sin embargo, el caso comentado muestra que el análisis puede cambiar según la forma en que se presta el servicio.
Factores que suelen considerar los tribunales
- Si el prestador opera como empresa organizada, con estructura y fin de lucro.
- Asimismo, si el servicio forma parte de la actividad comercial de alguna de las partes.
- También, si el contrato contiene elementos propios de actos de comercio, como comisiones o agencias.
- Por último, la forma de pago, la duración y la relación con otras operaciones comerciales.
Lo que no debes asumir
No asumas que un contrato es civil solo porque se titula “prestación de servicios profesionales”. Tampoco des por hecho que es mercantil solo porque lo firma una empresa. Cada caso exige revisar el objeto, las partes y el propósito de la operación. Una revisión de quince minutos con tu abogado antes de demandar puede ahorrarte meses de litigio inútil y una posible condena en costas.
¿Cómo blindar tus contratos desde la redacción?
La mejor forma de evitar discusiones sobre la vía es prevenirlas al redactar. Estas recomendaciones ayudan a reducir el riesgo:
- Describe con claridad el objeto del contrato y la actividad profesional o comercial de cada parte.
- Indica si alguna de las partes actúa como comerciante y con qué propósito.
- Pacta expresamente la tasa de interés moratorio, para no depender de la tasa legal.
- Define la jurisdicción y, si conviene, una cláusula de arbitraje o de mediación.
- Documenta entregas, avances y pagos durante toda la relación comercial, no solo al final.
La cláusula de solución de controversias
De hecho, una cláusula bien redactada puede ahorrar años de litigio. Sin embargo, conviene recordar que la naturaleza del acto no cambia por lo que digan las partes. Por eso, la cláusula debe ser congruente con la realidad de la operación.
INTERNAL LINK: obligaciones fiscales de las empresas y el buzón tributario → https://baraibar.com.mx/buzon-tributario-obligatorio-2026-sat-mexico/
Contrato mercantil y mecanismos alternativos: resolver sin llegar a juicio
No todas las diferencias derivadas de un contrato mercantil tienen que terminar en tribunales. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en enero de 2024, regula la mediación y la conciliación como vías para que las partes construyan acuerdos con ayuda de un tercero neutral.
Ventajas para las empresas
La mediación suele ser más rápida y menos costosa que un juicio. Además, permite conservar la relación comercial, algo especialmente valioso cuando se trata de clientes o proveedores estratégicos. Los acuerdos que cumplen los requisitos de la ley pueden tener efectos de cosa juzgada, lo que les da fuerza para exigir su cumplimiento.
¿Cuándo conviene intentarlo?
Conviene explorar la mediación cuando el conflicto es principalmente económico, existe interés en seguir haciendo negocios y la información relevante está documentada. En cambio, si hay urgencia de asegurar bienes o existe riesgo de que la contraparte oculte su patrimonio, puede ser necesario acudir directamente al juez.
¿Qué hacer si ya tienes un juicio en curso?
Si ya presentaste una demanda y existe duda sobre la vía, todavía puedes actuar. Revisa con tu abogado si la contraparte ha opuesto la excepción de improcedencia de la vía y cuáles son tus argumentos para sostenerla.
Si eres la parte demandada
En cambio, si te demandaron por una vía que consideras incorrecta, hacerlo valer oportunamente puede terminar el juicio en esa instancia. Recuerda que el juez puede analizarlo de oficio, pero un argumento bien fundado fortalece tu defensa.
Revisa tus documentos base
En cualquier escenario, el expediente se construye con documentos. Reúne el contrato firmado, las facturas, los correos en los que se acordaron cambios y las constancias de pago o incumplimiento. Con esa información, tu abogado podrá confirmar si el asunto es mercantil o civil y qué procedimiento ofrece más ventajas.
Atención a los plazos
Además, iniciar un nuevo juicio por la vía correcta toma tiempo. Mientras tanto, conviene revisar los plazos de prescripción aplicables a tu reclamo, para no perder el derecho por el simple paso del tiempo.
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Conclusión: identificar tu contrato mercantil es el primer paso para ganar
El caso resuelto en septiembre de 2026 confirma que la vía procesal no es un trámite menor. Un reclamo millonario puede detenerse si se presenta como civil cuando se trata de un contrato mercantil, o al revés. Revisar la naturaleza del acto, redactar con claridad y elegir el procedimiento correcto son decisiones que protegen tu negocio desde antes del litigio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si mi contrato es mercantil o civil?
Depende de la naturaleza del acto, no del nombre del contrato. El artículo 75 del Código de Comercio enumera los actos de comercio, como compras con fines de especulación, títulos de crédito o empresas de suministro y comisión, e incluye actos análogos. Si el propósito es personal o de consumo, suele ser civil, según el artículo 76.
¿Qué pasa si el contrato es mercantil para una parte y civil para la otra?
El artículo 1050 del Código de Comercio establece que, cuando un acto es mercantil para una de las partes y civil para la otra, la controversia se rige por las leyes mercantiles. Por eso, una empresa que contrata con un particular normalmente litigará en la vía mercantil.
¿Qué significa que se declare improcedente la vía?
Que el procedimiento elegido no es el que corresponde según la ley, por lo que el juez no estudia el fondo del reclamo. La Primera Sala sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio antes de resolver el fondo.
¿Cuál es el interés legal en un contrato mercantil?
Si las partes no pactaron intereses, en materia mercantil el artículo 362 del Código de Comercio fija un interés legal de 6% anual. En materia civil federal, el artículo 2395 del Código Civil Federal prevé 9% anual. Por eso conviene pactar expresamente la tasa moratoria en el contrato.
¿Un contrato de arrendamiento puede ser mercantil?
Sí, según la naturaleza de la operación. En el amparo directo en revisión 172/2023, la Primera Sala reconoció que el cumplimiento o la rescisión de un arrendamiento inmobiliario puede reclamarse por la vía mercantil, aplicando la regla de analogía del artículo 75, fracción XXV, del Código de Comercio.
¿Puedo resolver un conflicto contractual sin ir a juicio?
Sí. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en enero de 2024, regula la mediación y la conciliación. Estos mecanismos suelen ser más rápidos y económicos, y los convenios que cumplen los requisitos legales pueden exigirse como si fueran una resolución firme.
Legal references
- Código de Comercio, artículos 75, 76, 362, 1050 y 1084. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm
- Código Civil Federal, artículo 2395. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
- SCJN, Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 25/2005, “Procedencia de la vía. Es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de resolver el fondo de la cuestión planteada”.
- SCJN, Primera Sala. Amparo directo en revisión 172/2023, resuelto el 30 de agosto de 2023.
- Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (DOF, enero de 2024).
- El CEO, “SCJN falla a favor de Cruz Azul en disputa con Kenchy Enterprise por 181 mdd” (3 de septiembre de 2026): https://elceo.com/negocios/scjn-falla-a-favor-de-cruz-azul-en-disputa-con-kenchy-enterprise-por-181-mdd/
Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.
by paulina@baraibar.com.mx | Oct 22, 2026 | Corporate Law, Commercial Law
Las providencias precautorias en juicio oral mercantil ya tienen una regla clara sobre cómo se impugnan. En marzo de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió la Contradicción de Criterios 272/2025. Su conclusión es directa: contra la decisión que concede o niega una de estas medidas no procede la apelación. Por lo tanto, quien litiga en la vía oral puede acudir al amparo indirecto sin agotar antes otro recurso. Este artículo explica qué cambia y cómo ajustar la estrategia.
¿Qué resolvió la SCJN sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil?
El conflicto entre dos criterios
La Contradicción de Criterios 272/2025 nació de una discrepancia real entre dos órganos judiciales. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito sostuvo que estas resoluciones no admiten recurso alguno. Por su parte, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur defendió la postura contraria. Según ese pleno regional, la apelación sí procedía.
Esa diferencia sobre las providencias precautorias en juicio oral mercantil no era un detalle técnico. En la práctica, cada postura obligaba a los litigantes a elegir un camino distinto, con riesgos de desechamiento si se equivocaban. Además, la incertidumbre afectaba a empresas que necesitan asegurar bienes o evitar que se los embarguen de forma rápida. Por esa razón, la Corte decidió fijar un solo criterio.
La respuesta del Pleno
El Pleno determinó que las determinaciones sobre providencias precautorias dictadas en un juicio oral mercantil no admiten recurso ordinario. En consecuencia, no existe apelación que deba agotarse antes de promover el amparo indirecto. La tesis se titula, en esencia, que contra las determinaciones que concedan o nieguen estas medidas no procede la apelación.
Cabe destacar que la Corte ordenó publicar el criterio como jurisprudencia. Una vez publicado, obligará a jueces y tribunales mercantiles. Mientras tanto, conviene revisar el registro en el Semanario Judicial de la Federación antes de citarlo en un escrito.
¿Qué no resolvió la Corte?
La decisión no analiza si una providencia concreta fue bien o mal otorgada. Tampoco sustituye los requisitos que exige el Código de Comercio para decretarla. Se limita a definir el medio de defensa disponible, es decir, la vía procesal correcta. Por ello, el fondo de cada medida sigue dependiendo de las pruebas, de la urgencia y de la garantía que se ofrezca.
¿Quiénes se benefician del criterio?
Acreedores, deudores, directores jurídicos y despachos que litigan en la vía oral se benefician de una regla uniforme. Los acreedores saben que la negativa de una medida se combate por amparo. Para los deudores, el mensaje es que no deben esperar una apelación que nunca llegará. Los equipos jurídicos pueden estandarizar sus formatos y calendarios internos. Esa uniformidad ahorra costos y reduce los incidentes sobre la vía correcta, que suelen consumir meses.
Los jueces de primera instancia también ganan certeza, pues ya conocen el control que seguirán sus resoluciones. La revisión por amparo exige que fundamenten con más cuidado el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Una resolución bien motivada resiste mejor el escrutinio del tribunal federal.
¿Qué son las providencias precautorias y para qué sirven?
Concepto y finalidad
En términos simples, una providencia precautoria es una medida que busca asegurar un derecho mientras se resuelve el litigio. El Código de Comercio las regula a partir del artículo 1168, con figuras como el arraigo de la persona y el aseguramiento de bienes. Su objetivo es evitar que el deudor oculte patrimonio o abandone el lugar del juicio. De igual manera, protegen al acreedor frente a un posible cambio de circunstancias.
Las providencias precautorias en juicio oral mercantil se piden antes de iniciar la demanda o durante el procedimiento. Quien las solicita debe acreditar, con pruebas suficientes, que existe un riesgo real. Asimismo, el juez puede exigir una garantía para responder por los daños que la medida cause si luego se revoca. En otras palabras, el sistema busca equilibrio entre rapidez y protección del demandado.
¿Por qué importan en la vía oral?
El juicio oral mercantil se diseñó para resolver conflictos de manera ágil, y las providencias precautorias en juicio oral mercantil son una de sus piezas más delicadas. Las audiencias concentran el debate y la prueba. Sin embargo, la rapidez tiene un costo: el margen para corregir errores es menor. Por lo tanto, una providencia precautoria mal decretada puede paralizar cuentas bancarias, inventarios o inmuebles durante meses.
Para una empresa, ese efecto es inmediato. Un aseguramiento de bienes puede detener pagos a proveedores, nómina o créditos vigentes. En cambio, para el acreedor, una negativa mal fundada puede dejar sin protección su cobro. Cabe destacar, entonces, que la forma de impugnar importa tanto como el fondo.
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El dilema procesal: ¿apelación o amparo?
La regla general del juicio oral
El artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno. Esa regla busca evitar dilaciones. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones del juez solo se revisan al final, junto con la sentencia.
El problema surgía con las providencias precautorias en juicio oral mercantil. Otras disposiciones del Código de Comercio permitían apelar ciertas resoluciones con tramitación inmediata. Por otro lado, la regla general del juicio oral cerraba esa puerta. En consecuencia, algunos tribunales aplicaban la apelación y otros no.
¿Por qué el error cuesta caro?
Elegir mal el recurso podía provocar consecuencias graves. Si el litigante apelaba y la vía no procedía, perdía tiempo valioso. Y si acudía al amparo sin agotar una apelación que sí existía, el juez lo desechaba por improcedente. Además, los plazos para promover amparo son breves.
La Ley de Amparo, en su artículo 17, fija quince días como regla general para presentar la demanda contra actos de autoridad. Por esa razón, cada día perdido en un recurso inútil reducía las opciones del afectado. Finalmente, la contradicción de criterios pone fin a esa incertidumbre.
¿Por qué el Pleno descartó la apelación?
Rapidez, oralidad y economía procesal
El razonamiento de la Corte sobre las providencias precautorias en juicio oral mercantil parte de la naturaleza del juicio oral. Este procedimiento se construyó sobre la rapidez, la oralidad y la economía procesal. Permitir apelaciones intermedias lo haría más lento y más complejo. Es decir, se desvirtuaría el propósito con el que el legislador creó esta vía.
Además, la Corte hizo una lectura sistemática del Código de Comercio. Analizó las reglas sobre recursos y las que regulan las medidas cautelares. Al final, concluyó que la prohibición del artículo 1390 Bis prevalece también para estas determinaciones. No obstante, esa conclusión no deja al afectado sin defensa.
El camino que sí queda abierto
Al no existir recurso ordinario, el afectado puede promover amparo indirecto sin agotar antes otro medio. La Ley de Amparo permite combatir actos dentro de juicio cuando sus efectos son de imposible reparación. Una providencia que afecta bienes o libertad de tránsito se acerca a ese supuesto. Por ello, el amparo se convierte en la herramienta natural.
Ahora bien, esto no significa que todo se resuelva con amparo. Cada caso exige acreditar la afectación concreta y presentar la demanda a tiempo. En primer lugar, hay que identificar el acto reclamado con precisión. Después, conviene ofrecer pruebas que muestren el daño actual.
¿Cómo cambia la estrategia procesal en el juicio oral mercantil?
¿Para quien pide la medida?
El acreedor que solicita providencias precautorias en juicio oral mercantil debe preparar el expediente desde el primer escrito. La solicitud necesita datos, documentos y una explicación clara del riesgo. De lo contrario, una negativa podrá combatirse solo mediante amparo, y ese camino es más técnico. Por lo tanto, conviene invertir en una solicitud sólida desde el principio.
Pruebas que conviene reunir
Quien pide la medida reúne contratos, facturas, correos de cobranza y estados de cuenta que demuestren la deuda. En cambio, quien la resiste reúne documentos que muestren el funcionamiento ordinario de su negocio y el daño que provoca el aseguramiento. Ambos deben ordenar la evidencia por fecha y por relevancia, porque el amparo se resuelve sobre lo que consta en el expediente. Un expediente desordenado debilita incluso al mejor argumento.
La garantía como pieza clave
También es recomendable anticipar la garantía. Un monto razonable, respaldado con una póliza o un depósito, aumenta la probabilidad de obtener la medida. Asimismo, ayuda a mostrar que el solicitante asume responsabilidad por los efectos de lo que pide. En cambio, una solicitud sin garantía suele enfrentar más resistencia.
¿Para quien resiste la medida?
El demandado afectado por providencias precautorias en juicio oral mercantil debe actuar con rapidez. Primero, revisa si la resolución está fundada y motivada. Después, evalúa si existe un daño de imposible reparación. Finalmente, decide si presentará amparo o si bastará solicitar al juez que levante la medida con una contragarantía.
Un error frecuente consiste en esperar a la sentencia. Mientras tanto, la medida sigue produciendo efectos. Por esa razón, el análisis debe empezar el mismo día de la notificación. De igual manera, conviene reunir estados de cuenta, contratos y nómina que demuestren el impacto.
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Un caso tipo: del aseguramiento al amparo
El escenario
Imagina una distribuidora que demanda en la vía oral a un cliente que dejó de pagar facturas por varios millones de pesos. Antes de la audiencia, la distribuidora solicita el aseguramiento de las cuentas bancarias del cliente. El juez concede la medida con una resolución breve que casi no explica el riesgo alegado. Al día siguiente, el cliente descubre que no puede pagar su nómina ni cubrir a sus proveedores principales. Se trata de un ejemplo hipotético, pero refleja lo que viven muchas empresas cuando se decreta una de estas medidas sin previo aviso.
El abogado del cliente revisa el expediente y detecta tres problemas. La resolución no explica por qué existe peligro de que el patrimonio desaparezca. El monto de la garantía resulta muy inferior al daño posible. Y el monto asegurado supera con claridad lo reclamado en la demanda. Con el criterio de la Corte, el abogado ya no pierde tiempo en una apelación que no existe y prepara de inmediato la demanda de amparo indirecto.
La ruta de defensa
La demanda de amparo debe señalar con precisión el acto reclamado, que es la resolución que concedió el aseguramiento. También tiene que describir los daños concretos con documentos: estados de cuenta, contratos con proveedores y recibos de nómina. Mientras se tramita, el cliente puede solicitar la suspensión del acto para aliviar el efecto inmediato de la medida. En paralelo, su abogado propone al juez natural una garantía alterna que permita liberar parte de los fondos.
La distribuidora, por su lado, defiende la medida con las pruebas que acreditan la deuda y el riesgo de insolvencia. Ambas partes litigan entonces en dos frentes: el amparo y el juicio mercantil. Quien llegue mejor preparado a cada frente tendrá ventaja. El caso muestra por qué las providencias precautorias en juicio oral mercantil exigen decisiones rápidas, pruebas ordenadas y coordinación entre los equipos jurídico y financiero.
¿Qué deben hacer empresas, acreedores y deudores?
Lista práctica para el área jurídica
Las áreas jurídicas pueden convertir este criterio en un protocolo interno. Primero, registren la fecha de notificación de cualquier providencia y calculen el plazo de quince días. Segundo, preparen un expediente de impacto con cifras reales. Tercero, definan quién autoriza la vía de amparo y con qué presupuesto.
Además, revisen los contratos con cláusulas de garantía. Algunas obligan a notificar a socios o financiadores cuando se traba una medida. Por ejemplo, un crédito bancario puede declararse vencido si se asegura un bien relevante. En consecuencia, la reacción debe coordinarse con tesorería y con finanzas.
¿Cuándo conviene negociar?
No todo conflicto exige litigar hasta el final. A veces, ofrecer una garantía alterna resuelve el asunto en pocos días. De igual manera, un convenio con calendario de pagos puede dejar sin materia la medida. Por su parte, el acreedor también gana al obtener certeza sobre su cobro.
Cabe destacar que la negociación no sustituye la defensa formal. Conviene presentar el amparo en tiempo mientras se conversa. Así, la empresa conserva su derecho y mantiene presión legítima. No obstante, cada decisión debe documentarse por escrito.
Errores frecuentes con las providencias precautorias en juicio oral mercantil
Cuatro tropiezos que se repiten
El primer error es confundir la regla general con la excepción. Algunos abogados siguen presentando apelación por costumbre, aunque la Corte ya cerró esa vía. El segundo error es ignorar los plazos del amparo. Un tercer problema aparece cuando se reclama una medida sin probar el daño real. Finalmente, muchos olvidan que la garantía puede cambiar el rumbo del caso.
Otro tropiezo común es mezclar la vía oral con el juicio ordinario. Aunque ambos son mercantiles, siguen reglas distintas. Por eso, antes de actuar, hay que confirmar la vía del juicio principal. Si el procedimiento es ordinario, el análisis puede cambiar.
¿Cómo evitar el desechamiento?
La mejor prevención es revisar el criterio vigente sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil cada vez que se prepara un recurso. Los tribunales actualizan sus tesis y publican nuevos precedentes con frecuencia. Por lo tanto, una consulta rápida en el Semanario Judicial evita sorpresas. Además, un abogado especializado puede identificar matices que un resumen no muestra.
También ayuda mantener un archivo con modelos de escritos para cada escenario. Con él, el equipo reacciona en horas, no en días. En cambio, improvisar bajo presión aumenta los errores. Por ello, la preparación previa es una ventaja competitiva.
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Conclusión: una vía más clara para litigar con rapidez
La Contradicción de Criterios 272/2025 deja un mensaje práctico para el litigio mercantil. Contra las providencias precautorias en juicio oral mercantil no procede la apelación, y el amparo indirecto queda disponible sin agotar otro recurso. Esta claridad reduce el riesgo de desechamientos y acelera la defensa.
Un último consejo para áreas jurídicas y despachos: documenten cada decisión sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil con fechas, responsables y razones. Ese registro ayuda a explicar ante la dirección general por qué se eligió el amparo, la negociación o la contragarantía. También facilita la defensa si el asunto llega a revisión ante un tribunal colegiado, donde la claridad del expediente pesa mucho.
Sin embargo, la regla no elimina la necesidad de una estrategia cuidadosa. Los plazos siguen siendo cortos y la prueba del daño sigue siendo indispensable. En consecuencia, empresas y acreedores harán bien en revisar sus protocolos y en consultar a especialistas ante cualquier medida. La preparación temprana marca la diferencia entre proteger un patrimonio y perderlo.
Enlaces del artículo
ENLACE EXTERNO: Código de Comercio vigente (Cámara de Diputados) → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf
ENLACE EXTERNO: Proyecto de la Contradicción de Criterios 272/2025 (SCJN) → https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Engroses/Cerrados/Publico/Proyecto/2026/02/CT272_2025.pdf
ENLACE INTERNO: concurso mercantil: guía para acreedores y proveedores → https://baraibar.com.mx/blog/concurso-mercantil-acreedores-proveedores-2026/
ENLACE INTERNO: contrato mercantil o civil: criterio de la SCJN → https://baraibar.com.mx/blog/contrato-mercantil-o-civil-scjn-2026/
Preguntas frecuentes
¿Se puede apelar una providencia precautoria en un juicio oral mercantil?
No. Según la Contradicción de Criterios 272/2025, resuelta por el Pleno de la SCJN en marzo de 2026, contra las determinaciones que concedan o nieguen estas medidas no procede la apelación, en armonía con el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, que prohíbe recursos ordinarios en la vía oral.
¿Puedo promover amparo indirecto sin agotar otro recurso?
Sí. Al no existir recurso ordinario, el afectado puede acudir directamente al amparo indirecto. La Ley de Amparo permite impugnar actos dentro de juicio de imposible reparación, y su artículo 17 fija como regla general un plazo de quince días para presentar la demanda.
¿Qué son las providencias precautorias?
Son medidas que aseguran un derecho mientras se resuelve el juicio, como el arraigo de la persona o el aseguramiento de bienes. El Código de Comercio las regula a partir del artículo 1168. Se solicitan antes o durante el procedimiento y exigen acreditar un riesgo y, normalmente, otorgar garantía.
¿Qué debo hacer si me notifican un aseguramiento de bienes?
Revisa de inmediato la resolución, reúne pruebas del daño y calcula el plazo de quince días del artículo 17 de la Ley de Amparo. Evalúa también ofrecer una contragarantía al juez. Un abogado especializado puede decidir si conviene amparo, negociación o ambas rutas al mismo tiempo.
¿La decisión de la Corte ya es jurisprudencia obligatoria?
La Corte ordenó publicar el criterio como jurisprudencia conforme a los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Una vez publicada en el Semanario Judicial de la Federación, obliga a los órganos jurisdiccionales. Antes de citarla en un escrito, verifica su registro y su fecha de publicación.
¿Aplica este criterio a los juicios ordinarios mercantiles?
No necesariamente. El criterio se refiere a las providencias precautorias dictadas en un juicio oral mercantil, regulado a partir del artículo 1390 Bis del Código de Comercio. En el juicio ordinario rigen reglas distintas sobre recursos, por lo que conviene analizar la vía procesal concreta antes de elegir el medio de defensa.
Legal references
Código de Comercio, artículos 1168 y siguientes, 1183 y 1390 Bis (Cámara de Diputados).
Ley de Amparo, artículos 17, 107, 219 y 220 (Cámara de Diputados).
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Contradicción de Criterios 272/2025, sesión de marzo de 2026.
Semanario Judicial de la Federación (consulta del registro de la jurisprudencia derivada).
This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.
by paulina@baraibar.com.mx | Oct 19, 2026 | Corporate Law, Commercial Law
El concurso mercantil dejó de ser un tema exclusivo de especialistas. En 2026, uno de los grupos de medios más conocidos del país, TV Azteca, enfrenta este procedimiento, y el 18 de septiembre cinco de sus filiales también solicitaron entrar en él. Ese mismo día, el conciliador presentó la lista provisional de créditos de la televisora. Para miles de proveedores, prestadores de servicios y acreedores, la pregunta es inmediata: ¿qué debo hacer para cobrar?
En esta guía explicamos qué es el procedimiento, cómo avanza el caso y qué pasos conviene dar si tu empresa es acreedora de una compañía en concurso, con base en la Ley de Concursos Mercantiles.
¿Qué está pasando con TV Azteca y sus filiales?
De acuerdo con información pública, TV Azteca solicitó de manera voluntaria su concurso mercantil en marzo de 2026. A principios de julio, la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres, del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, lo declaró procedente. Posteriormente, el 10 de agosto se publicó la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, con lo que inició la etapa de conciliación.
La lista provisional de créditos
El 18 de septiembre, el conciliador presentó ante el juzgado la lista provisional de créditos. Con ella, la empresa y sus acreedores pueden formular observaciones antes de que se elabore la lista definitiva. Según lo reportado, entre los acreedores que acudieron al procedimiento se encuentran el Infonavit, el SAT y el IMSS.
Las cinco filiales que pidieron entrar al concurso
Ese mismo 18 de septiembre, cinco filiales del grupo presentaron solicitudes voluntarias de concurso mercantil: Ganador Azteca, Operadora Ganador TV Azteca, Servicios Mantenimiento del Futuro en Televisión, Lasimex e Inmobiliaria Roca del Pedregal. Según la nota de El Imparcial, la jueza que las recibió se declaró incompetente y las remitió a la jueza que conoce el asunto principal.
¿Por qué importa a otras empresas?
Más allá del caso concreto, sin embargo, este procedimiento muestra cómo funciona en la práctica la Ley de Concursos Mercantiles. Cualquier proveedor puede encontrarse, de un día para otro, frente a un cliente que deja de pagar y pide protección judicial. Por eso conviene conocer las reglas antes de que suceda. Además, el caso servirá como referencia para medir cómo aplican los juzgados especializados los plazos de conciliación en procedimientos de gran tamaño, con cientos de acreedores y créditos de naturaleza muy distinta.
¿Qué es el concurso mercantil y cuándo procede?
El concurso mercantil es un procedimiento judicial para comerciantes que incumplen de forma generalizada con sus obligaciones de pago. Su finalidad, según el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento ponga en riesgo su viabilidad y la de otras empresas con las que mantienen relaciones de negocios.
EXTERNAL LINK: Ley de Concursos Mercantiles → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCM.pdf
El incumplimiento generalizado
De acuerdo con el artículo 9 de la ley, un comerciante incumple de forma generalizada cuando deja de pagar a dos o más acreedores distintos y se presenta alguna de estas situaciones:
- Por un lado, que al menos 35% de sus obligaciones lleven vencidas treinta días o más.
- O bien, que no tenga activos suficientes para pagar, por lo menos, 80% de sus obligaciones vencidas.
¿Quién puede solicitarlo?
El propio comerciante puede pedir su concurso, como ocurrió con TV Azteca y sus filiales. Asimismo, cualquier acreedor o el Ministerio Público pueden demandarlo. En todos los casos, un juez federal especializado verifica si se cumplen los supuestos legales antes de declararlo.
Concurso mercantil no es lo mismo que quiebra
Es común pensar que una empresa en concurso ya quebró. Sin embargo, el procedimiento está diseñado precisamente para evitarlo, ya que la quiebra es solo una de sus posibles salidas. De hecho, el objetivo prioritario de la ley es conservar la empresa mediante un convenio con sus acreedores. Por lo tanto, una empresa en concurso puede seguir operando, contratando y pagando nómina, aunque bajo la vigilancia del conciliador y del juez.
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Las etapas del concurso mercantil
Conocer las etapas, por lo tanto, te permite anticipar qué ocurrirá con tu crédito. La ley prevé dos etapas sucesivas, precedidas por una revisión inicial.
Revisión y sentencia
Primero, un visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles revisa la contabilidad y la situación financiera de la empresa. Con base en su dictamen, el juez decide si declara el concurso. La sentencia se publica en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de amplia circulación.
Conciliación
Después, comienza la conciliación, que dura en principio 185 días naturales y puede prorrogarse, según el artículo 145 de la ley. Durante esta etapa, un conciliador busca que la empresa y sus acreedores firmen un convenio para reestructurar las deudas. En el caso de TV Azteca, esta etapa corre desde la publicación de agosto.
EXTERNAL LINK: Ley de Concursos Mercantiles: texto vigente y reformas → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcm.htm
¿Qué hace el conciliador?
El conciliador es un especialista designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Su tarea principal consiste en facilitar la negociación entre la empresa y sus acreedores. Además, elabora las listas de créditos, vigila la administración de la empresa y, en ciertos casos, puede solicitar al juez medidas para proteger la masa concursal. Por esa razón, mantener comunicación directa y documentada con el conciliador es una buena práctica para cualquier acreedor.
Quiebra
Por último, si no se logra un convenio en los plazos legales, el juez puede declarar la quiebra. En ese escenario, los bienes de la empresa se venden para pagar a los acreedores, de acuerdo con el orden de prelación que fija la ley.
¿Qué pasa con tu crédito cuando inicia un concurso mercantil?
Ahora bien, la sentencia que declara el concurso tiene efectos inmediatos sobre las deudas. Es indispensable conocerlos, porque cambian la manera en que se cobra.
Suspensión de embargos y ejecuciones
Durante la conciliación, el artículo 65 de la ley suspende, por regla general, los mandamientos de embargo o ejecución contra los bienes de la empresa. En otras palabras, no podrás embargar a tu deudor mediante un juicio individual mientras dure esa etapa, salvo excepciones como las de carácter laboral.
Intereses y conversión a UDIs
Además, conforme al artículo 89, los créditos sin garantía real dejan de generar intereses y se convierten a unidades de inversión desde que surte efectos la sentencia. Por lo tanto, el monto que reclames ya no crecerá como lo haría en un juicio ordinario.
Contratos vigentes con la empresa en concurso
Si tienes un contrato en curso con la empresa, por ejemplo de suministro o de arrendamiento, el concurso no lo termina automáticamente. No obstante, la ley da al conciliador un papel importante para decidir si conviene cumplir esos contratos pendientes. En consecuencia, si eres contraparte, puedes pedir que se defina con claridad si el contrato seguirá ejecutándose, para no prestar servicios sin certeza de pago.
Todos cobran en el mismo procedimiento
Además, desde ese momento, los acreedores dejan de competir entre sí mediante juicios separados. En cambio, todos participan en un procedimiento colectivo, en el que el juez reconoce cada crédito y define su orden de pago.
INTERNAL LINK: oposición de acreedores en fusiones empresariales → https://baraibar.com.mx/oposicion-de-acreedores-en-fusiones-empresariales/
¿Cómo reconocer tu crédito: plazos que no debes dejar pasar?
El reconocimiento de créditos es el corazón del concurso mercantil para cualquier acreedor. Es decir, si tu crédito no se reconoce, difícilmente podrás cobrarlo.
La lista provisional
El conciliador elabora una lista provisional con base en la contabilidad de la empresa y en las solicitudes de los acreedores. Por eso, revisa si tu crédito aparece, por qué monto y con qué grado. Si no aparece o el monto es incorrecto, tienes un plazo breve para presentar objeciones y documentos.
La lista definitiva y la sentencia de reconocimiento
Después de las objeciones, el conciliador presenta la lista definitiva. Con base en ella, el juez dicta la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Es decir, esa resolución define cuánto se te debe y en qué lugar cobrarás.
Documentos que conviene reunir desde hoy
- Contratos, pedidos y órdenes de compra firmados.
- Facturas y comprobantes fiscales.
- Evidencia de entrega de bienes o servicios.
- Estados de cuenta y correos que acrediten saldos.
- Pagarés, garantías o cualquier título de crédito.
De acuerdo con el Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador, Socio Director de Juicios Civiles, Mercantiles y Laborales de Baráibar Temblador y Asociados, “en un concurso mercantil, el acreedor que revisa a tiempo la lista provisional y documenta bien su crédito tiene muchas más posibilidades de cobrar que quien espera a la quiebra”.
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¿Quién cobra primero: la prelación de créditos?
En un concurso mercantil no todos los acreedores cobran al mismo tiempo ni en la misma proporción. La ley establece un orden que conviene entender desde el inicio.
Créditos con preferencia
Los créditos laborales tienen una protección especial derivada de la Constitución. Además, los créditos con garantía real, como una hipoteca o una prenda, cobran con el valor de los bienes que los garantizan. Asimismo, los créditos fiscales tienen reglas propias.
Acreedores comunes
La mayoría de los proveedores y prestadores de servicios son acreedores comunes, es decir, no tienen garantía ni privilegio especial. Por esa razón, suelen cobrar después de los anteriores y, con frecuencia, en un porcentaje menor. De ahí la importancia de negociar activamente durante la conciliación.
INTERNAL LINK: obligaciones ante el SAT y el buzón tributario → https://baraibar.com.mx/buzon-tributario-obligatorio-2026-sat-mexico/
Señales de alerta: ¿cómo detectar a tiempo a un cliente en riesgo?
Prevenir siempre resulta más barato que litigar. Por eso, conviene vigilar algunas señales que suelen anticipar un concurso mercantil:
- Retrasos cada vez más largos en pagos que antes eran puntuales.
- Solicitudes frecuentes de ampliar plazos o de pagar en parcialidades.
- Cambios repentinos en la administración o en los apoderados.
- Embargos, demandas o créditos fiscales publicados en contra del cliente.
- Noticias sobre reestructuras, incumplimientos de bonos o pérdidas acumuladas.
¿Qué hacer cuando detectas estas señales?
Si identificas varias de estas alertas, revisa de inmediato tu exposición con ese cliente. Por ejemplo, puedes reducir el crédito comercial, pedir pagos anticipados o solicitar garantías adicionales. Asimismo, documenta cualquier acuerdo de pago por escrito, porque esos documentos serán útiles si después necesitas acreditar tu crédito en el concurso mercantil.
¿Qué deben hacer hoy proveedores y prestadores de servicios?
Si tu empresa trabaja con un cliente en dificultades financieras, puedes tomar medidas preventivas. Estas son las más útiles:
- Revisa periódicamente los saldos vencidos de tus principales clientes.
- Solicita garantías cuando el monto o el plazo de crédito sean altos.
- Documenta cada entrega y cada factura de forma ordenada.
- Vigila las publicaciones del Diario Oficial de la Federación sobre concursos.
- Acude a un abogado en cuanto conozcas la solicitud de concurso de un cliente, sin esperar a la sentencia.
Seguir vendiendo a una empresa en concurso
De hecho, muchas empresas en concurso continúan operando. Si decides seguir vendiéndoles, conviene pactar condiciones claras de pago, porque las obligaciones contraídas durante el procedimiento para mantener la operación tienen un tratamiento distinto al de las deudas anteriores. Por eso, analiza cada caso con tu asesor.
El caso de los permisos y concesiones
En el caso de las filiales de juegos y sorteos, la nota de El Imparcial destaca que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prevé el concurso mercantil como causa de extinción del permiso. Sin embargo, la misma nota aclara que la sola solicitud no extingue el permiso, ya que se requiere una declaración judicial. En consecuencia, este ejemplo muestra que el procedimiento puede tener efectos regulatorios, además de financieros.
Errores comunes de los acreedores en un concurso mercantil
En la práctica, muchos acreedores pierden oportunidades valiosas por desconocer el procedimiento, sus plazos y la forma en que se documenta un crédito ante el conciliador. Estos son algunos de los errores más frecuentes:
Esperar a que la empresa llame
El conciliador no tiene la obligación de buscar a cada proveedor para explicarle su situación. Por consiguiente, si no revisas las publicaciones y la lista provisional, podrías quedarte fuera o con un monto menor al real.
Seguir litigando por separado
Otro error habitual es continuar un juicio ejecutivo mercantil como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por regla general, los embargos se suspenden durante la conciliación, de modo que conviene reorientar la estrategia hacia el reconocimiento del crédito.
No distinguir el tipo de crédito
Finalmente, algunos acreedores no saben si su crédito es común, tiene garantía real o algún privilegio. Esa clasificación define el orden de pago; por lo tanto, conviene revisarla con un especialista antes de presentar observaciones.
Lo que viene en el concurso de TV Azteca
En las próximas semanas, el conciliador deberá presentar la lista definitiva de créditos y el juez dictará la sentencia de reconocimiento. Mientras tanto, se definirá si las solicitudes de las filiales proceden y si se tramitan de forma coordinada con el procedimiento principal.
¿Qué vigilar en las próximas semanas?
Si tu empresa es acreedora de alguna de las sociedades involucradas, conviene dar seguimiento puntual a estos puntos:
- La presentación de la lista definitiva de créditos y su contenido.
- Después, la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación que dicte la jueza.
- En su caso, la admisión de las solicitudes de las cinco filiales.
- Cualquier propuesta de convenio que el conciliador ponga a consideración de los acreedores.
- Las prórrogas de la etapa de conciliación, si se solicitan.
Una oportunidad para negociar
Para los acreedores, la conciliación es el momento de negociar quitas, plazos o esquemas de pago. En cambio, una vez declarada la quiebra, el margen de negociación suele reducirse. Así, participar activamente en esta etapa puede marcar la diferencia en el monto final que recuperes.
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Conclusión: actuar a tiempo es la mejor estrategia
El concurso mercantil de TV Azteca y la solicitud de sus filiales recuerdan que cualquier empresa puede convertirse en acreedora de un deudor en crisis. Conocer las etapas, revisar la lista provisional, reunir documentos y negociar en la conciliación son pasos que pueden proteger tu patrimonio. Si tu empresa tiene cuentas por cobrar con una compañía en concurso, no esperes a la quiebra para actuar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un concurso mercantil?
Es un procedimiento judicial para comerciantes que incumplen de forma generalizada sus obligaciones de pago. Según el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, busca conservar la empresa y evitar que el incumplimiento afecte su viabilidad y la de otras empresas con las que se relaciona. Tiene una etapa de conciliación y, si no hay convenio, una de quiebra.
¿Cuándo se considera que una empresa incumple de forma generalizada?
Conforme al artículo 9 de la Ley de Concursos Mercantiles, cuando incumple con dos o más acreedores distintos y, además, al menos 35% de sus obligaciones llevan vencidas treinta días o más, o bien no tiene activos suficientes para pagar al menos 80% de sus obligaciones vencidas.
¿Puedo seguir cobrando con un juicio ejecutivo mercantil si mi cliente entra en concurso?
Por regla general, no durante la conciliación. El artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles suspende los mandamientos de embargo o ejecución contra los bienes del comerciante en esa etapa, con excepciones como las laborales. Lo recomendable es reorientar la estrategia hacia el reconocimiento del crédito dentro del concurso.
¿Mi crédito sigue generando intereses durante el concurso?
Los créditos sin garantía real en moneda nacional dejan de causar intereses y se convierten a unidades de inversión desde que surte efectos la sentencia de concurso, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Concursos Mercantiles. Los créditos con garantía real tienen reglas distintas que conviene revisar caso por caso.
¿Cuánto dura la etapa de conciliación?
El artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles fija una duración inicial de 185 días naturales contados desde la última publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Puede prorrogarse a petición de las partes legitimadas, dentro de los límites que la propia ley establece.
¿Qué debo hacer si mi crédito no aparece en la lista provisional?
Debes presentar tus objeciones y la documentación que acredite tu crédito dentro del plazo que fija la Ley de Concursos Mercantiles. Reúne contratos, facturas, evidencia de entrega y estados de cuenta. Si no actúas a tiempo, tu crédito podría no reconocerse en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
Legal references
- Ley de Concursos Mercantiles, artículos 1, 9, 65, 89 y 145. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCM.pdf
- Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, artículo 34, fracción IV.
- El CEO, “TV Azteca da un paso más; avanza en su proceso de reorganización empresarial” (18 de septiembre de 2026): https://elceo.com/negocios/tv-azteca-da-un-paso-mas-avanza-en-su-proceso-de-reorganizacion-empresarial/
- El Imparcial, “Ganador Azteca solicita concurso mercantil junto con otras cuatro filiales de TV Azteca” (24 de septiembre de 2026): https://www.elimparcial.com/dinero/2026/09/24/ganador-azteca-empresa-vinculada-a-ricardo-salinas-pliego-solicita-concurso-mercantil-junto-con-otras-cuatro-filiales-de-tv-azteca-tras-acumular-perdidas-y-arriesga-su-permiso-para-operar-apuestas/
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by paulina@baraibar.com.mx | Oct 12, 2026 | Corporate Law, Commercial Law
Lifting the corporate veil: essential keys established by the SCJN in 2026
El levantamiento del velo corporativo volvió al centro del debate empresarial después de una resolución relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concretamente, el 30 de septiembre de 2026, el Pleno resolvió el amparo directo 57/2025, derivado del litigio entre la Cooperativa La Cruz Azul y la sociedad civil Desarrolladora Táctica FA. En ese asunto, la Corte negó el amparo a la empresa y dejó firme una sentencia que libera a la cooperativa de pagar unos 1,584 millones de pesos en honorarios. Además, quedó vigente la orden de devolver cerca de 647 millones que ya se habían pagado.
Para cualquier empresa, el fallo deja dos lecciones. Primero, ser socio no basta para responder con tu patrimonio por las deudas de la sociedad. Segundo, quien firma sin facultades no queda protegido, aunque posteriormente se paguen las facturas.
¿Qué resolvió la SCJN en el caso Cruz Azul?
El asunto llegó a la Suprema Corte por su importancia y trascendencia, después de varios años de litigio entre ambas partes. Según la información pública del caso, Desarrolladora Táctica reclamaba el pago de honorarios derivados de un contrato de servicios jurídicos firmado a nombre de la cooperativa. Por su parte, Cruz Azul sostuvo que las personas que firmaron no tenían facultades suficientes para obligarla.
El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, la Corte negó el amparo y confirmó la sentencia que había resuelto a favor de la cooperativa.
Datos clave del amparo directo 57/2025
- Órgano: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Fecha de resolución: 30 de septiembre de 2026.
- Votación: unanimidad, con el proyecto del ministro Guerrero García.
- Resultado: amparo negado a Desarrolladora Táctica FA, S.C.
- Montos: honorarios reclamados por unos 1,584 millones y devolución de aproximadamente 647 millones de pesos.
Los dos criterios centrales del fallo
De acuerdo con lo reportado por medios especializados, el Pleno sostuvo dos ideas que interesan a cualquier empresa:
- La conducta de las partes durante la ejecución de un contrato no puede subsanar la falta de facultades de representación de quien lo firmó.
- Asimismo, el levantamiento del velo corporativo constituye una medida excepcional, que solo procede cuando existen pruebas de un uso abusivo de la personalidad jurídica.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía señaló que en el expediente existían pruebas suficientes del uso abusivo de figuras societarias. También destacó el control efectivo que un socio ejercía sobre las sociedades involucradas.
¿Por qué el caso importa más allá del futbol?
Aunque el litigio involucra a una institución muy conocida, el criterio no se limita a ella. Cualquier sociedad que contrate servicios, firme convenios o reciba pagos puede enfrentar una situación similar. Por eso conviene entender qué significa esta figura y en qué circunstancias se aplica. Este análisis está pensado para socios, consejeros, directores jurídicos y proveedores que contratan con personas morales de cualquier tamaño.
¿Qué es el levantamiento del velo corporativo y por qué es excepcional?
Una sociedad mercantil inscrita en el Registro Público de Comercio tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios. Así lo establece el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Gracias a esa separación, el patrimonio de la empresa responde por sus deudas y, en principio, el de los socios queda protegido.
EXTERNAL LINK: Ley General de Sociedades Mercantiles → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
Esa protección constituye la base del sistema empresarial mexicano. De lo contrario, pocas personas invertirían en un negocio, porque cualquier deuda podría alcanzar su casa o sus ahorros. Sin embargo, la ley no protege a quien utiliza una sociedad como escudo para defraudar a sus acreedores.
La “cortina” que la Corte puede correr
El levantamiento del velo corporativo es la herramienta con la que un juez examina lo que ocurre detrás de la sociedad. En otras palabras, deja de tratar a la empresa como un ente separado y atribuye sus obligaciones a quien realmente la controla. Se trata, por lo tanto, de una excepción a la regla general de separación patrimonial.
La Corte insistió en que estamos frente a una medida extraordinaria. No basta con demostrar que alguien es socio mayoritario o que controla la administración. Tampoco resulta suficiente que la empresa tenga deudas que no puede pagar.
Lo que sí exige el criterio
Para que proceda, debe acreditarse un uso abusivo de la personalidad jurídica. Por ejemplo, constituir sociedades para evadir obligaciones, defraudar a la ley o perjudicar a terceros. En el caso resuelto, la Corte encontró elementos independientes que demostraban ese abuso, como un acuerdo privado contenido en un instrumento público.
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Las facultades de representación: el otro gran criterio del fallo
El segundo mensaje de la sentencia resulta tan importante como el primero. Una persona moral solo se obliga a través de quienes tienen facultades para representarla. En las sociedades mercantiles, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles asigna esa representación al administrador o al consejo de administración.
Tratándose de una cooperativa, la representación corresponde a los órganos y apoderados que señalan sus bases constitutivas y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Si quien firma no tiene esas facultades, el contrato no obliga a la persona moral.
Pagar no equivale a ratificar
Muchas empresas creen que, si ya pagaron parte de un contrato, ese pago “convalida” automáticamente lo firmado. Según el criterio reportado, la Corte rechazó esa interpretación. La conducta de las partes durante la ejecución puede demostrar que existió una relación comercial; no obstante, no subsana la falta de facultades de quien firmó.
El artículo 1802 del Código Civil Federal prevé que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no es su legítimo representante son nulos, salvo que la persona representada los ratifique. Por lo tanto, la ratificación tiene que provenir del órgano facultado y cumplir con las formalidades necesarias.
EXTERNAL LINK: Código Civil Federal → https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
¿Cómo verificar un poder notarial antes de firmar?
Revisar el poder de tu contraparte toma unos minutos y puede evitar un litigio millonario. Conviene confirmar, en primer lugar, que el poder conste en escritura pública y que esté vigente. En segundo lugar, revisa qué tipo de facultades otorga: el artículo 2554 del Código Civil Federal distingue entre poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio.
Además, verifica si el poder tiene límites de monto, de materia o de plazo. Si el contrato implica suscribir pagarés u otros títulos de crédito, el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito exige facultades específicas para ello. Finalmente, solicita una copia certificada y consérvala junto con el contrato firmado.
El efecto práctico: devolver lo cobrado
En este asunto, la consecuencia fue doble. La cooperativa quedó liberada del pago reclamado y, a su vez, la empresa demandante quedó obligada a devolver lo que ya había recibido. Así, quien contrata con una persona moral debe revisar las facultades de su contraparte antes de firmar, no después. De acuerdo con el Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador, Socio Director de Juicios Civiles, Mercantiles y Laborales de Baráibar Temblador y Asociados, “en litigio mercantil vemos con frecuencia contratos millonarios firmados por personas sin poder suficiente; revisar el poder antes de firmar cuesta mucho menos que litigar después”.
¿Cuándo procede el levantamiento del velo corporativo según la Corte?
El criterio de 2026 retoma una línea que los tribunales mexicanos han construido gradualmente durante años. A partir de lo reportado sobre el fallo, pueden identificarse varios supuestos en los que un juez podría correr el velo:
- Fraude a la ley: la sociedad se utiliza para eludir una norma que, de otro modo, resultaría aplicable.
- Evasión de obligaciones: se constituyen empresas para que los bienes queden fuera del alcance de los acreedores.
- Daño a terceros: la estructura societaria se diseña para perjudicar a quien contrata con ella.
- Confusión de patrimonios: el socio controlador dispone de los recursos de la sociedad como si fueran propios.
El papel de la prueba
En todos los casos, la carga de demostrar el abuso recae en quien lo alega. Igualmente, las pruebas deben ser independientes de la sola calidad de socio. Documentos, transferencias bancarias, acuerdos privados y la relación entre las sociedades suelen ser los elementos que un juez valora con mayor atención.
Lo que no basta
Ser dueño de la mayoría de las acciones no convierte automáticamente a una persona en responsable de las deudas. Tampoco basta que varias empresas compartan domicilio, directivos o proveedores. El levantamiento del velo corporativo exige demostrar que esa estructura se utilizó de forma abusiva, y no únicamente que existe.
Velo corporativo y responsabilidad solidaria fiscal: dos figuras distintas
Conviene no confundir el levantamiento del velo corporativo con la responsabilidad solidaria que prevé el Código Fiscal de la Federación. Son instituciones diferentes, con requisitos y consecuencias propias.
La responsabilidad solidaria de socios ante el SAT
El artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación permite que la autoridad cobre a los socios o accionistas ciertas contribuciones de la sociedad. Sin embargo, esa responsabilidad solo opera en supuestos específicos, por ejemplo cuando la empresa no se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes o cambia de domicilio sin dar aviso. Asimismo, el monto exigible tiene límites vinculados con la participación del socio en el capital social.
¿Por qué importa distinguirlas?
El velo corporativo es una construcción judicial excepcional, que se discute principalmente en litigios civiles y mercantiles. En cambio, la responsabilidad solidaria fiscal está regulada expresamente en la ley y la determina la autoridad hacendaria. Por consiguiente, una empresa puede estar en riesgo por una vía y no por la otra, de modo que conviene revisar ambas con tu asesor.
INTERNAL LINK: obligaciones de las empresas ante el buzón tributario → https://baraibar.com.mx/buzon-tributario-obligatorio-2026-sat-mexico/
Riesgos para socios, administradores y apoderados
El fallo envía señales distintas según el papel que tengas dentro de una empresa. Conviene revisarlas una por una, ya que cada figura enfrenta riesgos diferentes.
Si eres socio o accionista
Tu patrimonio sigue protegido por la regla general de separación. No obstante, esa protección se debilita si mezclas tus recursos con los de la sociedad o si utilizas la empresa para fines ajenos a su objeto. En esos casos, un acreedor podría solicitar el levantamiento del velo corporativo para alcanzar tus bienes personales.
Si eres administrador o director
Tu responsabilidad principal consiste en actuar dentro de tus facultades y del objeto social. Firmar contratos que excedan tu poder puede dejar a la empresa sin obligación, pero también puede generar reclamos en tu contra. Del mismo modo, el consejo de administración debe vigilar que los apoderados no comprometan a la sociedad sin autorización.
Si eres proveedor o prestador de servicios
Probablemente, este es el riesgo más alto. Si el contrato lo firmó alguien sin facultades, podrías perder el pago e incluso devolver lo cobrado. Por eso, antes de iniciar cualquier relación comercial relevante, conviene solicitar el poder notarial vigente de quien firmará.
INTERNAL LINK: oposición de acreedores en fusiones empresariales → https://baraibar.com.mx/oposicion-de-acreedores-en-fusiones-empresariales/
| No enfrentes solo un litigio por responsabilidad de socios o por falta de facultades. En Baráibar Temblador y Asociados contamos con especialistas en derecho corporativo y litigio mercantil, listos para defender tus intereses en Ciudad de México. |
¿Cómo proteger a tu empresa frente al levantamiento del velo corporativo?
La mejor defensa consiste en una buena práctica corporativa. Estas medidas reducen el riesgo de que un juez considere abusiva la estructura de tu empresa:
- Mantén separadas las cuentas bancarias de la sociedad y las de los socios.
- Documenta en actas las decisiones relevantes de asambleas y consejos.
- Celebra por escrito y a valor de mercado las operaciones entre empresas del mismo grupo.
- Revisa que el objeto social cubra las actividades que realmente realiza la empresa.
- Otorga poderes específicos, con límites claros de monto y materia.
- Verifica las facultades de tu contraparte antes de firmar contratos importantes.
Orden en los libros corporativos
Los libros de actas, el registro de accionistas y las inscripciones en el Registro Público de Comercio son tu primera prueba. Si están actualizados, resultará más difícil sostener que la sociedad es una simple fachada. De igual manera, una contabilidad ordenada demuestra que la empresa tiene vida propia.
Atención especial a los grupos empresariales
Cuando una persona controla varias sociedades, el riesgo aumenta considerablemente. La Corte puso especial atención en el control efectivo que un socio ejercía sobre distintas empresas. Por lo tanto, los grupos corporativos deben justificar con razones de negocio por qué operan mediante varias entidades.
¿Qué sigue tras el criterio de la Suprema Corte?
La sentencia del amparo directo 57/2025 fortalece dos principios que conviven en el derecho mexicano. Primero, la autonomía patrimonial de las sociedades, que brinda certeza a socios e inversionistas. Después, la posibilidad de levantar esa protección cuando alguien abusa de ella.
Un criterio para litigar y para prevenir
Para quien demanda, el fallo confirma que el levantamiento del velo corporativo es posible, aunque exige pruebas sólidas. En cambio, para quien se defiende, recuerda que la sola calidad de socio no justifica una condena personal.
¿Cómo podría invocarse este precedente en otros juicios?
Los litigantes ya pueden citar este asunto en demandas y contestaciones. Quien solicite el levantamiento del velo corporativo tendrá que ofrecer pruebas concretas del abuso, por ejemplo estados de cuenta, contratos entre empresas relacionadas o actas que muestren el control efectivo del socio. Por el contrario, quien se defienda podrá argumentar que la sola participación accionaria no acredita responsabilidad personal. En ambos casos, la calidad de la prueba documental será decisiva para el resultado del juicio.
Revisa tus contratos vigentes
Si tu empresa tiene contratos importantes firmados por apoderados, vale la pena revisarlos hoy mismo. Confirma que el firmante tenía facultades suficientes y que el poder estaba vigente. En caso contrario, todavía puedes regularizar la situación mediante una ratificación formal del órgano facultado.
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Conclusión: separación patrimonial con límites claros
El levantamiento del velo corporativo sigue siendo una medida excepcional en México. Con el fallo de 2026, la Suprema Corte dejó claro que ser socio o controlar una empresa no basta para responder por sus deudas. Al mismo tiempo, recordó que la conducta posterior no corrige un contrato firmado sin facultades. En suma, para socios, administradores y proveedores, la lección es la misma: orden corporativo, poderes claros y verificación previa de la contraparte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el levantamiento del velo corporativo?
Es una medida excepcional por la que un juez deja de tratar a una sociedad como ente separado y atribuye sus obligaciones a quien la controla. Procede cuando se prueba un uso abusivo de la personalidad jurídica, que reconoce el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo para defraudar a la ley o dañar a terceros.
¿Ser socio mayoritario me hace responsable de las deudas de la empresa?
No por sí mismo. La regla general es la separación patrimonial entre la sociedad y sus socios. Según el criterio reportado del amparo directo 57/2025, la Corte exigió pruebas independientes de abuso de la personalidad jurídica, como confusión de patrimonios o creación de sociedades para evadir obligaciones, antes de atribuir responsabilidad personal.
¿Qué pasa si un contrato lo firmó alguien sin facultades?
El artículo 1802 del Código Civil Federal prevé que el contrato celebrado a nombre de otro sin ser su legítimo representante es nulo, salvo ratificación. Según lo reportado, la Corte sostuvo que la conducta de las partes durante su ejecución no subsana esa falta de facultades de representación.
Si la empresa ya pagó parte del contrato, ¿quedó convalidado?
No necesariamente. En el caso Cruz Azul, la Corte dejó firme una sentencia que ordenó devolver lo ya pagado, porque los pagos no corrigieron la falta de facultades. La ratificación debe provenir del órgano facultado de la persona moral y cumplir las formalidades legales y estatutarias aplicables.
¿Quién representa legalmente a una sociedad mercantil?
Conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación corresponde al administrador o consejo de administración, que puede realizar las operaciones inherentes al objeto social. También pueden actuar apoderados con poderes otorgados formalmente, dentro de los límites de monto y materia que señale cada poder.
¿Cómo puedo proteger mi patrimonio como socio?
Mantén separadas las cuentas de la sociedad y las personales, documenta decisiones en actas, celebra operaciones entre empresas del grupo por escrito y a valor de mercado, y conserva al día los libros corporativos. Estas prácticas ayudan a demostrar que la sociedad tiene vida propia conforme al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Legal references
- Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 2 y 10. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
- Código Civil Federal, artículo 1802. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
- Ley General de Sociedades Cooperativas.
- SCJN, Pleno. Amparo directo 57/2025, resuelto el 30 de septiembre de 2026 (ponente: Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García).
- El Contribuyente, “SCJN: ser socio no basta para responder por las deudas” (6 de octubre de 2026): https://www.elcontribuyente.mx/2026/10/scjn-ser-socio-no-basta-para-responder-por-las-deudas/
- El CEO, “Cruz Azul gana otro round en la SCJN” (30 de septiembre de 2026): https://elceo.com/negocios/cruz-azul-gana-otro-round-en-la-scjn-ante-empresa-ligada-a-angel-junquera-libra-pago-de-1500-mdp/
Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.
by paulina@baraibar.com.mx | Oct 3, 2026 | Criminal law
Prosecution by the Public Prosecutor’s Office: requirements and criteria of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN) in effect as of 2026
The prosecution's indictment It is a fundamental step in the criminal process in Mexico. Through this document, the prosecution sets out the facts attributed to an individual, their legal classification, and the evidence it intends to present at trial.
But what happens when the accusation contains errors, omits information, or includes facts other than those investigated?
The Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN) addressed these issues in the Amparo review 274/2020, resolved on December 2, 2020. In that judgment, the First Chamber analyzed the requirements for an indictment and their relationship to the rights to an adequate defense and legal certainty.
Although the resolution dates from 2020, its considerations remain relevant for understanding criminal procedure in 2026.
In this article, we explain the legal requirements for an indictment, what occurs during the intermediate stage, and how the defense can respond to potential irregularities.
What did the SCJN decide regarding the accusation made by the Public Prosecutor's Office?
What did the SCJN decide regarding the accusation made by the Public Prosecutor's Office?
During the proceedings, the defendant challenged the constitutionality of Articles 324 (section III), 334, and 335 of the National Code of Criminal Procedure (CNPP).
In essence, he argued that those provisions violated his fundamental rights, particularly the right to an adequate defense and to be treated with dignity.
The First Chamber studied the constitutionality of the challenged provisions and concluded that they establish rules that provide legal certainty to the parties.
Consequently, it denied the *amparo* (constitutional relief) regarding those provisions and reserved the analysis of the remaining questions of legality for the collegiate court.
Official source: Sentencia del amparo en revisión 274/2020, SCJN.
What requirements must the Public Prosecutor’s Office’s formal accusation meet?
Article 335 of the CNPP establishes the content that must be included in the Public Prosecutor's accusation.
The Supreme Court explained that these requirements can be analyzed from two perspectives: formal and substantive.
Both are important because they allow for the identification of the parties, the delineation of the alleged facts, and the proper preparation of the defense.
Formal requirements of the accusation
The formal requirements relate to the submission of the written document and the identification of those participating in the procedure.
Among them, the following stand out:
- Submit the accusation in writing.
- Identify the accused person and their defense counsel.
- Identify the victim or aggrieved party and their legal counsel.
These elements make it possible to identify the parties involved and establish who is responsible for intervening during the intermediate stage.
Substantive requirements of the accusation
Substantive requirements refer to the content of the charge and the elements that support the Public Prosecutor’s claim.
The accusation must specify, among other aspects:
- The alleged acts, including the circumstances of manner, time, and place.
- Legal classification and modalities of the crime.
- The specific authorship or participation attributed to the accused.
- The applicable legal provisions.
- The evidence intended to be presented at trial.
- La pena o medida de seguridad solicitada.
- The amount for reparation of damages and the corresponding evidence.
- The other requests provided for in Article 335, where applicable.
The purpose is for the accused to clearly understand the facts and the legal consequences that the prosecution intends to establish.
Can the prosecution modify the facts of the indictment?
Can the prosecution modify the facts of the indictment?
However, the Public Prosecutor's Office may present a different legal classification, provided that it informs the parties accordingly.
Therefore, it is important to distinguish between modifying the legal classification of conduct and introducing new facts that were not part of the initial charges.
Legal source: National Code of Criminal Procedure, Article 335.
Have you received a criminal charge and need to understand its implications? At Baráibar Temblador y Asociados, we can analyze the document, identify potential irregularities, and evaluate defense options tailored to your specific case.
The intermediate stage: what does the judge review before the oral trial?
The intermediate stage is a phase of criminal proceedings that takes place after the supplementary investigation and before the oral trial.
In accordance with Article 334 of the CNPP, its purpose is the presentation and admission of evidence, as well as the refinement of the disputed facts that will be the subject of the trial.
Consequently, it is not a stage intended to determine in advance whether the accused person is guilty or innocent.
Its function consists of preparing the trial and resolving the procedural issues that the law permits to be examined.
Las dos fases de la etapa intermedia
Written phase
It begins with the presentation of the prosecution's charges.
During this phase, actions such as the notification of the accusation, the participation of the victim, and the presentation of arguments by the defense take place.
Oral phase
It takes place during the intermediate hearing.
En ella se abordan las cuestiones procesales correspondientes, los acuerdos probatorios y la admisión o exclusión de los medios de prueba, conforme a las reglas legales.
The stage concludes with the issuance of the order to commence the oral trial, where appropriate.
Formal review and analysis of the indictment
In *amparo* review case 274/2020, the Supreme Court examined the importance of the formal and substantive requirements of an accusation.
Their reasoning makes it clear that the document must contain sufficient elements to define the scope of the criminal dispute and protect the exercise of the defense.
However, this does not mean that the supervisory judge may replace the trial court or make an early determination regarding criminal liability.
The judge’s powers during the intermediate stage are defined by the CNPP.
How is a criminal charge filed, step by step?
The procedure establishes specific moments for the Public Prosecutor's Office to formulate its accusation and for the other parties to exercise their rights.
Understanding this sequence helps in identifying when it is appropriate to submit observations or prepare a defense strategy.
1. Conclusion of the supplementary investigation
Once the supplementary investigation has concluded, the Public Prosecutor’s Office generally has fifteen days to adopt one of the decisions provided for in Article 324 of the CNPP:
- Request a partial or total dismissal.
- Request the suspension of the proceedings.
- Formulate the accusation.
If you believe there are grounds to proceed to trial, you must file the appropriate document.
2. Presentation and notification of the charge
The Public Prosecutor's Office presents its indictment to the supervisory judge.
Subsequently, the parties are notified so that they may become aware of its content and exercise the procedural rights to which they are entitled.
This notification is important because it allows the defense to review the facts, the evidence presented, and the requests made by the prosecution.
3. Preparation for the intermediate hearing
During the written phase, the parties may carry out the actions provided for in the CNPP.
For example, the defense may point out formal defects, prepare its evidence, and state its position regarding potential evidentiary stipulations.
The applicable time limits must be reviewed in accordance with the provisions in force and the procedural circumstances of the case file.
4. Holding of the intermediate hearing
In this hearing, the presiding judge resolves the matters that pertain to this stage.
These include the correction of certain formal defects, requests relating to means of proof, and evidentiary agreements.
5. Order for the commencement of oral trial
At the conclusion of the hearing, if it is appropriate to continue the proceedings, an order for the commencement of trial is issued.
This document establishes the elements necessary for the next stage, including the facts at issue in the trial and the admitted evidence.
For this reason, the participation of the defense during the intermediate stage is especially important.
What errors might arise in the Public Prosecutor's indictment?
A criminal charge must meet the requirements set forth in procedural law.
When deficiencies exist, the defense may analyze them and, depending on their nature, submit the appropriate requests.
However, not all errors produce the same legal consequences.
Imprecise or incomplete facts
An accusation can present problems when it describes the facts in too general a manner.
For example, omitting relevant circumstances regarding time, place, or participation could make it difficult for the accused person to understand the specific conduct attributed to them.
The defense must review whether the narrative meets the requirements of Article 335.
Inconsistent legal classification
Another problem may arise when the proposed legal classification does not clearly correspond to the facts as recounted.
In such cases, it is necessary to examine the consistency between the indictment, the order to initiate formal criminal proceedings, and the applicable penal provisions.
Failure to identify the evidence
The Public Prosecutor's Office must specify the evidence it intends to present, in accordance with legal requirements.
If there are omissions or deficiencies, the defense may submit the corresponding observations.
The exclusion of a piece of evidence, however, requires a legal basis to justify it.
Facts distinct from those underlying the formal initiation of criminal proceedings
Article 335 limits the accusation to the facts and persons included in the indictment order.
Therefore, incorporating facts outside that framework may give rise to an issue of procedural congruence that must be examined in a timely manner.
The consequence will depend on the specific irregularity and the applicable rules.
What can the defense do in the face of a deficient accusation?
Article 340 of the CNPP grants the accused and their defense counsel the opportunity to point out formal defects in the charging document and request their correction.
It also includes other procedural steps that may be relevant for preparing for trial.
Review the attributed facts
El primer paso consiste en comparar el escrito de acusación con el auto de vinculación a proceso.
The defense must verify that there is a correspondence between the alleged facts and those that were the subject of the formal initiation of proceedings.
Examine the legal classification
It is also necessary to analyze whether the proposed legal classification corresponds to the facts described.
This includes examining the modalities of the offense and the form of authorship or participation attributed.
Analyze the evidence
The defense must identify the evidence that the Public Prosecutor's Office intends to present and evaluate its relevance, legality, and connection to the facts.
When there is a legal basis, one may request their exclusion at the appropriate stage.
Request the correction of formal defects
If the document contains formal defects, the defense may request their correction in accordance with Article 340.
It is important to act within the procedural opportunities provided for by legislation.
A timely review allows for better preparation of the defense and helps ensure that certain issues are not left unaddressed.
A timely review allows for better preparation of the defense and helps ensure that certain issues are not left unaddressed.
Amparo review case 274/2020 was resolved prior to the transformation of the Supreme Court’s structure resulting from the judicial reform.
As of September 2025, the SCJN operates under a new composition and organization.
However, the date of a judgment does not, in itself, determine that its reasoning has lost its legal utility.
In this case, the resolution remains a point of reference for understanding the role of the prosecution and its relationship to procedural rights.
A precedent that explains the importance of a clear accusation
The First Chamber concluded that the articles under review provide legal certainty and establish parameters for formulating the accusation.
Thus, the precedent helps explain why the Public Prosecutor's Office must provide sufficiently precise information.
It also helps in understanding the importance of the defense being made aware of the content of the charges in a timely manner.
Is it a binding precedent?
The binding force of a resolution must be analyzed in accordance with the rules applicable to its issuance, the system of precedents, and current jurisprudential criteria.
Therefore, it should not be assumed that every ruling by the Supreme Court automatically constitutes binding case law.
In the case of *amparo* review proceeding 274/2020, its application in other proceedings requires a precise identification of its underlying reasoning and the corresponding legal scope.
What rights does a properly formulated accusation protect?
The requirement for a clear accusation is linked to fundamental rights recognized in the Constitution.
Among them, adequate defense, due process, and legal certainty stand out.
Right to an adequate defense
A person needs to know the facts attributed to them in order to prepare their defense.
When an accusation is imprecise, it may be more difficult to identify which aspects should be contested and what evidence should be presented.
Therefore, the clarity of the accusation is a procedural guarantee.
Right to be informed of the alleged facts
The accused person must have sufficient information regarding the conduct attributed to them.
This allows for the analysis of the charges and participation in the proceedings with knowledge of their content.
Legal certainty during criminal proceedings
Defining the facts and the evidence helps the parties understand the subject matter of the trial.
In this way, the intermediate stage helps to organize the proceedings and protect the rights of those involved.
A criminal charge requires careful legal review. At Baráibar Temblador y Asociados, we provide legal counsel and representation in criminal matters, analyzing the specific circumstances of each case.
Can a company face an accusation from the Public Prosecutor's Office?
Yes. The National Code of Criminal Procedure includes a specific procedure for legal entities in articles 421 through 425.
Therefore, certain companies may face criminal proceedings under the circumstances set forth in the applicable legislation.
However, the criminal liability of a legal entity does not arise automatically from any conduct attributed to its employees or executives.
Determining whether it is appropriate requires analyzing the relevant legal requirements.
Risks for executives and directors
When an investigation involves business activities, it may be necessary to examine the decisions and actions of those involved in management.
The existence of an investigation against a company does not imply, in itself, individual criminal responsibility of its directors.
Each situation must be examined in light of the facts and the applicable provisions.
The importance of internal controls
Las empresas pueden reducir determinados riesgos mediante políticas de cumplimiento, documentación de decisiones y mecanismos adecuados de supervisión.
Estos elementos también pueden resultar relevantes durante una investigación, dependiendo de las circunstancias del caso.
Preparar la defensa desde la investigación
Esperar hasta la audiencia intermedia puede limitar las oportunidades para organizar una estrategia.
Por ello, cuando una empresa conoce la existencia de una investigación penal, conviene revisar oportunamente los hechos, la documentación disponible y sus alternativas jurídicas. De acuerdo con el Lic. Manuel Baráibar Tovar, Socio Fundador de Baráibar Temblador y Asociados, “la etapa intermedia es la última oportunidad para depurar una acusación deficiente antes del juicio; una defensa que la aprovecha con rigor puede cambiar el rumbo de todo el proceso”.
Lista de revisión de una acusación del Ministerio Público
Antes de la audiencia intermedia, es recomendable revisar los siguientes aspectos:
- ¿La acusación identifica correctamente al acusado y a su defensor?
- ¿Identifica a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico?
- ¿Describe los hechos con circunstancias de modo, tiempo y lugar?
- ¿Los hechos corresponden con los señalados en el auto de vinculación a proceso?
- ¿La clasificación jurídica es congruente con los hechos?
- ¿Precisa la autoría o participación atribuida?
- ¿Identifica los medios de prueba ofrecidos?
- ¿Incluye las solicitudes sobre pena y reparación del daño que correspondan?
- ¿Cumple los demás requisitos aplicables del artículo 335 del CNPP?
Esta lista es una orientación general y no sustituye la revisión integral del expediente.
Conclusión: una acusación clara es esencial para una defensa adecuada
The prosecution's indictment cumple una función fundamental dentro del procedimiento penal acusatorio.
En el amparo en revisión 274/2020, la Suprema Corte explicó la importancia de sus requisitos formales y materiales para brindar certeza jurídica y proteger los derechos procesales.
Una acusación debe identificar a las partes, describir claramente los hechos, establecer su clasificación jurídica y señalar los medios de prueba correspondientes.
Asimismo, la etapa intermedia ofrece oportunidades para revisar determinadas irregularidades y preparar el juicio oral.
Por ello, tanto las personas acusadas como las empresas involucradas en procedimientos penales deben prestar especial atención al contenido de la acusación y a los plazos procesales.
En Baráibar Temblador y Asociados brindamos asesoría y representación en litigio penal. Si enfrentas una acusación del Ministerio Público, podemos revisar tu situación jurídica y evaluar las alternativas de defensa disponibles.
Preguntas frecuentes sobre la acusación del Ministerio Público
¿Qué es la acusación del Ministerio Público?
Es el escrito mediante el cual la Fiscalía formula formalmente su acusación después de la investigación complementaria. Debe contener los requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
¿Qué requisitos debe contener una acusación penal?
Debe identificar a las partes, describir los hechos atribuidos, establecer su clasificación jurídica, precisar la participación del acusado y señalar los medios de prueba, entre otros requisitos legales.
¿La Fiscalía puede acusar por hechos distintos a los de la vinculación a proceso?
No. El artículo 335 establece que la acusación solo puede formularse por los hechos y personas señalados en el auto de vinculación. Sin embargo, puede existir una clasificación jurídica distinta, siempre que se informe a las partes.
¿Qué sucede si la acusación contiene errores?
La defensa puede señalar determinados vicios formales y solicitar su corrección conforme al artículo 340 del CNPP. Las consecuencias dependen de la naturaleza de la irregularidad y de las disposiciones aplicables.
¿Qué es la audiencia intermedia?
Es la audiencia en la que se resuelven cuestiones procesales relacionadas con la preparación del juicio, incluida la admisión o exclusión de medios de prueba y la depuración de hechos controvertidos.
¿El amparo en revisión 274/2020 es una sentencia de 2026?
No. La Primera Sala de la SCJN resolvió el asunto el 2 de diciembre de 2020. Su estudio sigue siendo relevante en 2026 para comprender los requisitos de la acusación penal.
¿Una empresa puede ser acusada penalmente?
Sí. El CNPP contempla un procedimiento para personas jurídicas en sus artículos 421 a 425. Su aplicación depende de los requisitos y supuestos establecidos en la legislación correspondiente.
Legal references
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Amparo en revisión 274/2020, resuelto el 2 de diciembre de 2020. Consultar sentencia oficial.
- Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículos 324, 334, 335, 338, 340, 341, 347 y 421 a 425. Cámara de Diputados.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20. Cámara de Diputados.
Aviso legal: Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica individualizada. La aplicación de las disposiciones y criterios citados depende de las circunstancias de cada caso.
Legal references
- SCJN, Primera Sala. Amparo en revisión 274/2020, sesión del 2 de diciembre de 2020, ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2020/2/2_271702_5310_firmado.pdf
- Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 324, 334, 335, 338, 340, 341, 347 y 421 a 425. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20.
Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not constitute formal legal advice or establish an attorney-client relationship.
